Hal Weitzman
Cuando Yanacocha, la mayor mina de oro del mundo, por su producción, se vio obligada a cerrar operaciones por 24 horas esta semana, después de que los granjeros locales bloquearan el sitio, simbolizó un problema para muchas compañías mineras que operan en Perú. El enfoque del proyecto, propiedad de Newmont Mining, el mayor extractor de oro del mundo, destaca la creciente intranquilidad social orientada a las instalaciones mineras y la falta de seguridad adecuada en áreas remotas.

BHP Billiton y Monterrico Metals, una pequeña compañía de desarrollo de recursos del Reino Unido, también han sido blanco de protestas durante el último año, obligándolos a suspender operaciones o retirarse de los proyectos.

Muchas de las protestas son resultado de una percepción popular de que la industria extractiva no ha logrado devolverle suficiente a las comunidades locales, muchas de las cuales siguen empobrecidas.

La impaciencia surge en un año durante el cual las compañías mineras internacionales con inversiones en Perú han gastado mucho tiempo conteniendo el aliento.

Durante la mayor parte de los seis meses previos a las elecciones presidenciales de junio, Ollanta Humala, un nacionalista radical, encabezó las encuestas, con sus promesas de revisar los contratos con los inversionistas extranjeros e imponer un “impuesto a los ingresos extras” a las mineras globales como BHP Billiton, Newmont, Phelps Dodge y Barrick, que colectivamente han invertido cerca de US$9 millardos en Perú durante la última década.

Enfrentado con una desagradable elección entre dos populistas, que prometieron hacer que los inversionistas extranjeros pagaran más impuestos, los peruanos optaron por estrecho margen por Alan García, relativamente más moderado, lo que hizo que las compañías mineras suspiraran colectivamente con alivio.

Sin embargo, Perú sigue lejos de ser un paraíso para los inversionistas. “Las cosas se han aclarado algo con la elección de Alan García, pero no totalmente”, dice Fred McMahon, del Fraser Institute, un centro de análisis canadiense que rastrea las políticas mineras. “Los ejecutivos de la industria minera se sienten más optimistas, pero todavía hay una cantidad considerable de inseguridad”.

La industria minera espera que al menos parte de esa incertidumbre haya cedido, después que las grandes compañías llegaron a un acuedo con el gobierno la semana pasada para hacer un “pago extraordinario” de US$774.0 millones al Estado, con el fin de evitar nuevos impuestos en el sector.

Pero eso no detendrá las continuas tensiones que rodean los proyectos mineros. En parte, tanto la demanda de un “pago extraordinario” como la creciente intranquilidad son resultado de las saludables ganancias logradas por los mineros gracias a los precios récord de los metales.

Southern Copper exportó minerales por valor de US$2,12 millardos el año pasado; Antamina, una mina de cobre en el Norte de Perú, propiedad común de Falconbridge, BHP Billiton, Teck-Cominco y Mitsubishi, exportó un valor de US$1,68 millardos, mientras que las exportaciones de Yanacocha alcanzaron un valor de US$1,5 millardos.

La hostilidad hacia los proyectos mineros también ha estado alimentada por el fracaso histórico del canon, una porción de impuestos que se separan para el gasto de los gobiernos municipal y regional, para que llegue a las comunidades locales.

Con mucha frecuencia, el dinero se ha retenido en Lima, mientras que las autoridades se abstienen de aprobar proyectos de gastos. El señor García ha prometido descentralizar ese sistema. Perú es el tercer mayor productor mundial de cobre y zinc, el quinto en explotación de oro, y el segundo de plata. También es un productor global importante de plomo, estaño y molibdeno.

Igualmente, al país andino se le considera dueño del mayor potencial minero de América del Sur. El gobierno dice que la industria se ha comprometido a invertir US$10 millardos en nuevos proyectos mineros durante los próximos cinco años. Uno de los proyectos más grandes es la expansión por US%$850 millones de Cerro Verde, un negocio de cobre en el sur del Perú controlado por Phelps Dodge.

Otro es Cerro Corona, en el norte de Perú, donde Gold Fields, el cuarto minero de oro, está construyendo una mina de oro y cobre por US$227.0 millones que según se espera producirá un total de 2,2 millones de onzas de oro y 412,000 toneladas de cobre.

Muchos participantes en el sector temen que al señor García, quien ganó el cargo por un margen muy estrecho, le resulte difícil adoptar una línea dura contra los manifestantes, si volvieran a surgir problemas.

El presidente no es bien acogido en una gran parte del país, que recuerda su desastroso primer mandato entre 1985 y 1990. También los partidarios del señor Humala cuentan con 42 representantes en el Congreso, más que los 36 del gobierno, suficientes para mantener la presión sobre la administración para que exprima a los inversionistas extranjeros.

“Hay mucha inseguridad al nivel local”, dice una persona informada de la industria. “Lo que realmente necesitamos es un gobierno central fuerte, que imponga su voluntad en las áreas remotas. Hay un gran signo de interrogación sobre si la nueva administración hará eso”.