Hay tres entidades en este país que los poderes del Estado deben cuidar. El Banco Central, la Dirección General de Impuestos Internos, y las Aduanas son instancias delicadas y decisivas para la salud de esta nación; así como lo son para cualquier otra del mundo.

La ley actual de Aduanas experimentó ajustes importantes en el año 2006, y es un instrumento que ofrece fortalezas institucionales por explotar, especialmente en lo que tiene que ver con el marco sancionatorio, con la facilitación y control de los despachos en sentido general.

Se puede asegurar que la República Dominicana no necesita una nueva Ley de Aduanas ahora, ni de cara al futuro inmediato, para seguir avanzando a pasos firmes hacia el fortalecimiento de los esquemas que demandan la realidad local y el entorno regional. Se ha advertido que cualquier intento que se haga en las actuales coyunturas, supondrá poner en alto riesgo los avances logrados con la Ley 226-06, mediante la cual se otorgó personalidad jurídica y autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio a la Dirección General de Aduanas.

Reconozco que hay auspiciadores de buena voluntad, pero los hay más que pretenden lograr el debilitamiento de los instrumentos que sirven hoy para contrarrestar la subvaluación, la sobrevaloración, el lavado de activos, y demás ilícitos relacionados con el comercio transfronterizo.

Tal y como está configurado, el proyecto de Ley de Aduanas que cursa en el Congreso Nacional no es más que la expresión de una aventura que desvirtúa la actualidad y desenfoca el futuro. El rumbo de la reforma y modernización de las aduanas del mundo es otro. En el caso dominicano se puede afirmar que el proceso de transformación llevado a cabo se ha orientado de manera correcta, al punto de que esta aduana se valora entre las de mejor desempeño del hemisferio occidental, y la segunda a nivel de toda Latinoamérica, solo superada por Panamá. Eso tendría que ser reconocido, muy bien ponderado, a la hora de proponer cualquier reorientación institucional.

La iniciativa de cambiar la Ley de Aduanas podrá derivar en peor, si se toman en cuenta las últimas manifestaciones aprobatorias de ciertas instancias del Senado, que fueron reseñadas por los medios de prensa. Sería un grave error que el proyecto de ley sea convertido en una herramienta de promoción política. Que se ofrezca una nueva ley de aduanas, como si se tratara de un bien transable. Evidentemente, el peligro de una contrarreforma es previsible.

Preocupa el hecho de que son las mismas instancias que impulsaron la aprobación de la ley mediante la cual se incrementa hasta los siete años la importación de vehículos usados, las que han prometido firmar de puño y letra un nuevo dispositivo para las aduanas.

Pretender justificar que con vehículos más viejos se mejoría el parque vehicular, se aminorarían los daños al medio ambiente, y se recaudarían más impuestos, es un acto simplemente descabellado. Instancias de las que se esperarían razonamientos mejores, cometen el error de asumir que con una base impositiva menor, con la misma cantidad de vehículos a ser importados se recaudaría más. Sucederá que, así como hoy más del 80% de los vehículos usados corresponden a los años 4 y 5, el grueso se moverá a los años 6 y 7, de menores valores FOB y, consiguientemente, pagarán menos impuestos. Cualquiera podría creer que los señores congresistas no conocen de fórmulas matemáticas simples o del comportamiento de la demanda de un bien como los vehículos. En realidad, no hay que ser un genio para deducir porqué, de tantas leyes importantes pendientes, las cámaras aprobaron la de los vehículos usados, a pesar de los absurdos irrefutables, nada más y nada menos que: de urgencia.

Traigo a colación aquella insensatez oportuna, para evidenciar y llamar la atención con respecto a que con el Proyecto de Ley de Aduanas, podría suceder lo mismo. Espere la segunda parte.