En la mayor parte de la historia, la mujer ha sido vista y tratada como un ser inferior al que se le han negado derechos fundamentales como la capacidad de decisión y participación.
Lastimeramente, en República Dominicana todavía arrastramos parte de esta visión. Eso, sumado a la doble moral, al “miedo” y convivencia con sectores eclesiásticos sombríamente conservadores, explica que el Senado aprobara un Código Penal que penaliza el aborto en todas circunstancias.
No importa que el embarazo haya sido producto de violación, constituya una amenaza para la vida de la mujer, que a veces es una madre que dejaría huérfanos a otros hijos, o que esté médicamente comprobado que la criatura es inviable y que de todos modos morirá. El Senado dijo no al aborto terapéutico, aquel que busca salvar vidas, la de las mujeres.
Contradictoriamente, en tiempos de globalización y en un país tan dado a imitar modelos extranjeros, tampoco importa que esta decisión reconfirme su integración en un pequeño grupo de seis países que mantienen la penalización absoluta del aborto. Grupo en el que no se encuentran ni siquiera naciones tan católicas y creyentes como España, que es de donde heredamos la tradición religiosa.
En este punto de la discusión ya no vale la pena explicar que quienes nos oponemos a la penalización absoluta del aborto no defendemos el aborto alegre, irresponsable u obligatorio, sino que la mujer tenga la oportunidad de decidir si continuar o no el embarazo en los casos arriba citados. De modo, que aquellas que pertenecen a las iglesias podrán seguir sus preceptos religiosos, sin que el Estado les imponga, cómo harían ahora con aquellas que no practican esa fe.
Tampoco vale la pena recurrir a los partidos políticos porque en el Senado fue difícil distinguir oficialismo y oposición: todos actuaron al unísono, independientemente de las promesas de campaña a las mujeres y jóvenes, y mucho menos de que con sus nombres se describan como partidos de la Liberación, Revolucionarios o Modernos.
La única esperanza para las que carecen de recursos para viajar fuera del país a hacerse un aborto es el Presidente Danilo Medina. Que él sea coherente. Que cumpla con su palabra y la visión que expresó en la observación que hizo en el 2014 a ese mismo Código, explicando que violaba la Constitución, los derechos de las mujeres y que los problemas de salud vinculados al embarazo y la dura penalización de su interrupción en cualquier circunstancia afectan sobre todo a las mujeres más pobres.
Nada de esto ha cambiado. Las circunstancias y razones siguen estando ahí, así que ¡Observe ese código y sea coherente Presidente! La vida de millones de dominicanas depende de usted.