El periódico El País de España publicó hoy , tanto en su versión impresa como digital, un artículo sobre el fallo del Tribunal Constitucional dominicano. En el mismo afirma que con la sentencia, República Dominicana despoja de la nacionalidad a hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular.

Y es que tanto en el plano local como internacional, el dictamen ha llamado la atención de activistas, organizaciones nacionales y extranjeras, Organizaciones No Gubernamentales (ONG s) y personalidades del ámbito político y social, quienes han establecido posiciones a favor y en contra del dictamen.

A continuación detallamos en forma íntegra la información publicada en El País:

República Dominicana quita la nacionalidad a los hijos de ‘sin papeles’

Medio millón de apátridas por una sentencia del Supremo dominicano

Las autoridades del país en el que nació Juliana Deguis Pierre, donde ha vivido sus 29 años, República Dominicana, no la consideran como una de los suyos. El 23 de septiembre pasado, el Tribunal Constitucional dominicano dictó una sentencia que establece que no se reconocerá la nacionalidad a los hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular, nacidos a partir de 1929.

El fallo afecta directamente a tres generaciones de dominicanos de origen haitiano, hijos en su mayoría de jornaleros legalmente contratados durante el último siglo por la industria local del azúcar para cortar la caña que se procesa en sus ingenios. La decisión ha sido duramente criticada por ONG locales vinculadas a la defensa de los derechos humanos y por los países miembros de laComunidad del Caribe (Caricom), que ahora ponen en duda la incorporación de República Dominicana como miembro pleno del bloque.

La sentencia del Tribunal Constitucional se produjo como respuesta a una solicitud de amparo hecha por Juliana Deguis Pierre para que la Junta Central Electoral, responsable del registro civil, expidiera el carnet de identidad que le había estado negando desde 2007. “Yo me crié aquí y nunca he ido a ningún país”, dice Juliana, quien nació y aún vive en el batey de Los Jovillos, un barracón que comparten más de 20 familias de braceros de origen haitiano, en el municipio agrícola Yamasá, a hora y media de camino de Santo Domingo, la capital. Juliana tuvo una partida de nacimiento dominicana, que le fue entregada a su padre cuando la presentó ante el registro civil utilizando su carnet de trabajador del Consejo Estatal del Azúcar (CEA). En 2007, cuando Juliana había cumplido la mayoría de edad e intentó obtener su primera cédula dominicana, las autoridades del registro se negaron y retuvieron sus documentos alegando que sus apellidos eran “sospechosos”, pues eran apellidos haitianos.

El criterio de las autoridades dominicanas es que el principio jus solis(derecho al suelo) incorporado en la Constitución en 1929 no ampara a los hijos de padres extranjeros que se encuentren ejerciendo funciones diplomáticas en República Dominicana o en condición “de tránsito” por el territorio. “Las autoridades judiciales han interpretado que si una persona no tiene residencia, se presume que está en tránsito, lo cual es una interpretación gramatical totalmente errónea”, han explicado a EL PAÍS los abogados Genaro Rincón y Manuel del Dandré, representantes del Movimiento Socio-Cultural Para Los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), con sede en Santo Domingo. Según esta sentencia, miles de haitianos y sus hijos nacidos en República Dominicana –de acuerdo al más reciente censo oficial, son unos 450.000- han vivido “en tránsito” hasta por ocho décadas.

Desde que comenzó la ocupación estadounidense en Haití (1915-1934), la industria dominicana del azúcar se mueve gracias a la mano de obra haitiana, con el consentimiento de las autoridades. A día de hoy, en República Dominicana operan cuatro grandes ingenios y cada uno requiere de la fuerza de 5.000 braceros para poder funcionar. La paga que ellos reciben por el empleo riesgoso y duro de cortar caña de azúcar con machete, depende de su desempeño: las empresas pagan 200 pesos (poco más de 4,5 dólares) por cada tonelada cortada. Un bracero diestro, como el padre Juliana Deguis Pierre, que tiene 58 años y trabaja en la zafra desde que tenía 15, nunca alcanza a cortar más de dos toneladas y media al día.

Para algunos juristas dominicanos de renombre, como el abogado Luis Vílchez González, la sentencia del Tribunal Constitucional para resolver el problema de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes haitianos “constituye una de las mejores piezas jurídicas de la legislación dominicana de los últimos 60 años”. “Su estilo de redacción propio de altas cortes internacionales, los motivos dados por los jueces para implementar el plan nacional de regulación de extranjeros ilegales radicados en el país, ilustra no sólo a los abogados dominicanos, sino a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por su contenido en hechos y en Derecho Comparado Internacional”, ha escrito este 19 de octubre en una columna de opinión publicada por el periódico dominicano Listín Diario.

Comparten esa opinión altos representantes del Estado, como el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien considera que toda la crítica internacional que ha suscitado el fallo se debe a un plan del Gobierno de Haití para desviar la atención de la crisis política que atraviesa su país. “Lo decidido por el Tribunal Constitución es un acto de plena soberanía de la República Dominicana”, ha dicho Pared Pérez.

Este 17 de octubre, la Comunidad del Caribe (Caricom) emitió un comunicado en el que señala que la decisión adoptada por el Supremo dominicano “es contraria a los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llamado repetidamente a República Dominicana a tomar medidas que garanticen el derecho a la nacionalidad y adoptar leyes sobre inmigración y prácticas acordes con lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos”. La primera ministra de Trinidad y Tobago y presidenta pro tempore del bloque, Kamla Persad-Bissessar, calificó la decisión del tribunal como un acto discriminatorio y llamó a los países que integran la comunidad a tomar parte activa en este debate, “dentro de un contexto en el que República Dominicana busca integrarse a la organización”. Al menos dos de los 15 países que hacen parte de la Caricom, Guyana y San Vicente y las Granadinas, ya han fijado una posición de rechazo a la sentencia que, no se descarta, podría afectar el ingreso de los dominicanos como miembros plenos del grupo.