Representantes de sectores productivos advirtieron que la violencia de las protestas populares por el caso loma Miranda trastorna las actividades económicas y afecta el clima paz social que disfruta el país.

Los presidentes de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Issachar Burgos, y de la Asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas de Herrera y la Provincia Santo Domingo (Asomipymeh), Elías Báez, coincidieron sobre el peligro que representan estas protestas violentas para la estabilidad social del país.

Sobre el tema se pronunciaron también la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Monseñor Nouel, la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Santiago, y el empresario Mario Cáceres, expresidente de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat.

Coincidieron en que esos actos de violencia afectan el aparato productivo y el clima de paz en que aspiran continuar viviendo la mayoría de los dominicanos y respaldaron la observación que hizo el Poder Ejecutivo a la ley que convertiría a loma Miranda en parque nacional.

Al tema también se refirieron el obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía, y monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quienes consideraron correcta la medida presidencial y obogaron por el diálogo entre las partes envueltas en el caso Miranda.

Núñez Collado consideró que el presidente Danilo Medina actuó de manera correcta y con la debida prudencia al observar la ley, al determinar que contenía aspectos violatorios a la Constitución.

Destacó que el mandatario dijo en el contenido de la observación a la ley que esa iniciativa violaba la Constitución y que juró que respetaría la Carta Magna, por lo que si el mandatario estaba convencido de eso estaba en el deber de tomar esa medida de devolver la ley al Congreso Nacional.

Consideró que antes de aprobar ese proyecto de ley los legisladores debieron asesorarse mejor.

¨Esta situación debería servir de reflexión a los legisladores, porque ambas cámaras tienen asesores legales y no se dieron cuenta que el proyecto contenía aspectos sobre leyes obsoletas y violatorios a la Constitución de la República”, dijo Núñez Collado.

Señaló que en una democracia todo ciudadano tiene derecho a expresar sus opiniones y protestar, pero siempre y cuando no quebrante la ley ni atente contra la seguridad pública.

Criticó a los grupos que han estado llamando a la desobediencia civil, a través de acciones de violencia callejera, incluyendo al padre Rogelio Cruz.

“Tienen que comprender que la Iglesia no apoya la violencia, y creo que todo el que esté inconforme con la medida que tomó el Presidente de la República tiene derecho a protestar, siempre y cuando no perturben la paz social que le impida el accionar a los demás ciudadanos que están en desacuerdo”, dijo.

Mientras que monseñor Mejía Vallejo aseguró que la medida presidencial fue la más correcta.