Llennis Jiménez 
Las instituciones que integran los sectores sociales en el Pacto Eléctrico rechazan que todo esté listo para iniciar el pacto y demandan del Gobierno reducir el precio de la tarifa eléctrica en un 30%, de inmediato, y crear el Sistema de Veeduría, Observación y Contraloría Social para el Sistema Eléctrico.
Además, denunciaron que las Distribuidoras de Electricidad (Edes) no entregan estados financieros de su gestión desde hace cinco años y alertaron al país de un proceso existente para festinar las discusiones del Pacto Eléctrico que se negocia entre el Gobierno y las distintas instituciones nacionales.
Los sectores sociales exigen el cumplimiento de cinco puntos, dados a conocer ayer en una rueda de prensa en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la que se opusieron a la propuesta que hace un sector del empresariado, que pide al Gobierno sanear las distribuidoras de electricidad, para que luego capitalice su administración.
Los sectores sociales en el Pacto lo integran la Articulación Nacional Campesina (ANC), la UASD, por medio del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (Odpp), Centro Bonó, Fundación Dominicana por los Derechos del Consumidor (Fundecom), Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), Asociación de Comités de Amas de Casa de Distrito Nacional (Ascadisna) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca).
Así como Alianza ONG, Federación Dominicana de Cooperativas de Producción, Trabajo y Servicio Eléctrico (Fedocoop), Centro Juan XXIII, Comités para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba), Foro Ciudadano, Foro Social Alternativo (FSE), Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc), Asociación Nacional de Consumidores (Anaco), Fundación Guayacán de Energía y Medio Ambiente (Gema), Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y Fundación Justicia y Democracia (FJD).
Posición. El miembro de los sectores sociales y presidente del Odpp Fernando Peña, presentó el planteamiento que hacen las entidades, en la que acusan al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de instruir al Consejo Económico y Social (CES) a “forzar el Pacto Eléctrico antes del 16 de agoto” y advierten que la decisión “pone en riesgo un verdadero acuerdo para superar la crisis del sector”.
Dijo que el pasado lunes, el sector social encaró a la delegación del Gobierno para que explique la campaña que intenta mostrar “falsamente, de que todo estaba lista para la firma del Pacto Eléctrico”.
En la rueda de prensa Inés Rossó, Ana Bartilia Cabrera y Enrique de León del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, quienes indicaron que la propuesta del Gobierno al CES contraviene los acuerdos adoptados.
Exigen “el consenso de todos para que haya un pacto siguiendo la máxima -Nada está aprobado hasta que todo se apruebe”.
