Corría la década de los setenta del pasado siglo XX en que durante un verano caluroso opté por viajar desde Chicago, la ciudad de los vientos y sitio de residencia para ese entonces, con destino al siempre amado lar nativo. Cámara fotográfica en mano caminé por la ribera del río Isabela en la capital para retratar las condiciones infrahumanas en que vivían algunas familias. No entendía cómo la gente podía aceptar una forma de vida no apta ni siquiera para los cerdos. Por coincidencia, en ese momento de uno de esos humildes hogares, la radio dejaba escuchar la voz del músico Johnny Ventura cuando decía: “Porque a todo se acostumbra uno”. Comprendí entonces con dolor, la verdad relativa que encerraba aquella expresión musical.

Recientemente una comisión residente en la barriada de Galindo, aledaño al sector de Arroyo Hondo II, Distrito Nacional, se apersonó a nuestro hogar cercano a las seis y treinta de la tarde. Dicho grupo lo encabezaba el entristecido padre de un escolar de 12 años víctima de un fatal accidente vehicular. Expresaba el acongojado pariente, que su esposa acababa de comunicarle por la vía telefónica que el cadáver del niño estaba retenido dentro de una ambulancia del INACIF, en el patio trasero del Instituto Nacional de Patología Forense. Se quejaba de que el personal que transportaba al fallecido exigía el aporte de siete mil pesos para la entrega del muerto sin la realización de una autopsia. La pobre familia no contaba con esa suma de dinero para obtemperar a las exigencias de los extorsionadores forenses, por lo que solicitaba nuestra ayuda. De inmediato, y delante de los miembros de la comisión, llamé al director de Patología Forense para indagar al respecto y tomar las medidas pertinentes. Este último procedió en el acto a investigar lo que acontecía en derredor, informándome luego que efectivamente la ambulancia había llegado al lugar, pero que ya en ese momento el occiso había sido entregado a los deudos reclamantes.

El martes 23 de agosto de 2011 en este mismo diario publiqué un artículo titulado: Buitres y cadáveres forenses. En su párrafo final expresaba: “Un diario matutino publicó una noticia el día 15 de agosto 2011 en la que se decía que el Instituto de Patología Forense exigía el pago de cinco mil pesos como condición para la entrega del cadáver autopsiado perteneciente a una humilde familia de Los Alcarrizos.

Sorprendido y alarmado ordené al director indagar al respecto, pues hay una orden estricta de no cobrar por los servicios que el Instituto Nacional de Patología presta a la población. El resultado arrojado por la investigación fue que un chofer del Instituto Nacional de Ciencias Forenses que es quien lleva los muertos a Patología Forense, en combinación con un buscón ofertaron trasladar a la funeraria en ambulancia al fallecido por la suma de cinco mil pesos. ¡Ojalá que esta investigación se profundice y se tomen medidas ejemplares que ponga fin a la bandada de buitres forenses que siguen pululando por los alrededores del Instituto Nacional de Patología Forense!”.

Mas de cuatro años han pasado y las cosas siguen empeorando. ¿Será que nos estamos acostumbrando? ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?