El Senado aprobó ayer en primera sesión el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional, que tiene como objetivo regular la naturaleza, finalidad, funciones y la estructura, para adaptarla de una manera más efectiva a la realidad del Estado.
Se destaca en la pieza, autoría del senador Adriano Sánchez Roa de la provincia Elías Piña, el establecimiento de sanciones drásticas a los que atenten contra la seguridad nacional.
De igual forma, crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, órgano que sería el rector del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional y el principal asesor del Presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esta materia.
Se precisa, además, que la composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional será reglamentado por el Presidente de la República.
El proyecto contempla, además, prisión aplicable a los infractores menos graves que amenacen la seguridad del Estado dominicano, que se establecerán dependiendo de la gravedad del caso y de la íntima convicción del juez, entre dos meses y tres años; entre un mes y dos años, y entre un día y un año.
También fija sanciones pecuniarias aplicables a los infractores menos graves de la presente ley, podrán ser establecidas entre dos y cuatro salarios, y entre dos y tres salarios.
Precisa que toda persona que se involucre como autor material, intelectual o cómplice de hechos que atenten contra la seguridad nacional, será sancionada de acuerdo con lo establecido en la ley.
Explica que a través del proyecto de ley se procura asegurar en condiciones de igualdad, la seguridad y la defensa nacional.
Indica en su primer considerando que la Constitución dominicana establece que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
En tanto que en su tercer considerando, explica que la Seguridad y Defensa deben ser definidas en función de su propio desarrollo político, económico, social, tecnológico y militar, por lo que es necesidad impostergable crear los mecanismos de evaluación y actualización de las amenazas y riesgos reales y potenciales que puedan atentar contra ese ambiente de seguridad.