Fue aprobada ayer por el Senado en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de ley que regulará la Vigilancia y Seguridad Privada en el país, el cual entre otras cosas establece que los militares y policías activos no podrán ser directivos ni empleados de empresas que ofrezcan esos servicios a la ciudadanía.
La pieza legislativa dispone, además, que tampoco podrán laborar en empresas que se dediquen a la vigilancia y seguridad privada exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que hayan sido expulsados de las mismas por faltas en el desempeño de sus funciones o por sentencia condenatoria de los tribunales de la República.
“No podrán ser directivos, ni empleados de empresas de vigilancia y seguridad privada, miembros activos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ni tampoco exmiembros de esas instituciones que hayan sido expulsados de las mismas por faltas en el desempeño de sus funciones o por sentencia condenatoria de los tribunales de la República”, dispone la pieza.
De igual forma, la iniciativa de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa, crea un marco jurídico para los servicios de vigilancia y protección privada, transporte de dinero y valores, tecnología de seguridad electrónica, asesoría, consultoría e investigación en seguridad, blindaje, servicio de autoprotección y detectives privados.
El marco jurídico incluye la prestación de los servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional y a la vez instituye el ente público que tiene a su cargo las actividades de regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios.
Se instituye, además, la Superintendencia como ente público que tendrá a su cargo la regulación, inspección, vigilancia y fiscalización de esos servicios, y la que tendrá la autoridad de habilitar a las empresas, y acogiendo el Código de Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores.

El senador Sánchez Roa explicó que todos los servicios y actividades de vigilancia y seguridad privada, sin excepción alguna, están obligados a contribuir en la preservación de la seguridad ciudadana y del orden público.