Un esfuerzo mayor para combatir eficazmente la inseguridad, que atemoriza a la ciudadanía debe inscribirse en el combate sin pausa del ingreso ilegal de armas desde Haití, hacer de la seguridad privada un aliado de la Policía Nacional y aplicar el aumento salarial de los policías, para lo cual el Presupuesto de este año consigna unos RD$3,000 millones.
Este enfoque del problema es del presidente de la comisión senatorial de Defensa y Seguridad Nacional, senador Adriano Sánchez Roa, quien destacó que además de reforzar los valores éticos y morales en la familia, la aplicación rigurosa de unas cinco leyes vigentes ayudará a combatir con éxito el delito.
Entre estas normativas destacó la Ley Orgánica de la Policía, que consigna el aumento salarial de los miembros de la institución.
Esa legislación, señaló, tiene una serie de contenidos importantes a los fines de contrarrestar la delincuencia, comenzando por el aumento de sueldos, sin privilegios.
Resaltó por igual la ampliación y aplicación de la ley que crea el Sistema de Seguridad 911 que, de hecho, ha contribuido a resolver numerosos crímenes a través de las cámaras de vídeo.
“Yo parto de que el Gobierno está haciendo un esfuerzo por la seguridad, pero ese problema es tan profundo, tanto por la influencia internacional como por el deterioro de la familia en los últimos 25 años, que se hace necesario un esfuerzo mayor”, significó.
Desarme general. Asimismo, debe aplicarse en toda su amplitud la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley de Armas, dijo Sánchez Roa, quien consideró que debe procederse al desarme total de las armas ilegales.
Además, sostuvo, las armas legales tienen que renovarse con el nuevo sistema de la citada normativa, que es más riguroso.
Contrabando armas. Sostuvo que hay que evitar a todo trance la penetración de armas ilegales desde Haití que, afirmó, saturan las grandes ciudades como el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís y otras provincias.
Destacó que el proyecto de Ley de Seguridad Privada debe aprobarse cuanto antes, ya que en las calles hay más guardianes privados –unos 42 mil- que policías.
Indicó que en cada asalto o robo a tiendas y otros negocios siempre hay, al menos un miembro de la seguridad privada, defendiendo los derechos ciudadanos.
Consenso. Señaló que una subcomisión de Defensa y Seguridad logró consenso sobre esta iniciativa con las compañías de guardianes, el Ministerio de Defensa, los detectives privados, compañías de transporte de valores y sobre lo relativo al delito electrónico.
Además, destacó, esa legislación procura que el guardián sea capacitado, para lo cual crea una escuela de formación y, en beneficio de esos empleados, dispone que los horarios sean conformes al Código de Trabajo, además de consignar el retiro y las pensiones para ellos.
Asimismo, que la edad del guardián sea no más de 55 años y que cada uno no haya sido expulsado de cuarteles militares o policiales por mala conducta.