El Seguro Nacional de Salud (Senasa) afirmó ayer que el traspaso a su seno de los empleados públicos es legal conforme al artículo 31 de la Ley de Seguridad Social, que establece que esa entidad tendrá a su cargo a todos los empleados de las instituciones públicas, autónomas o descentralizadas y a sus familiares directos, por lo que no existen impedimentos jurídicos ni la ilegalidad argumentados por la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars).
Una nota dice que la directora ejecutiva, Mercedes Rodríguez Silver, indicó que el principio de libre elección no es violado con el traspaso de los empleados públicos a esa ARS, ya que su alcance está limitado por la propia Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que dispone la afiliación de los empleados públicos.
“El traspaso de los empleados públicos a Senasa tampoco es inconstitucional, ya que el alcance del artículo 39 de la Constitución sobre el derecho a la igualdad se cumple, al permitir a todos los empleados del sector privado elegir su Administradora de Riesgos de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud”, expresó y que ese artículo también establece los límites legales.
El texto expone que tanto la sentencia No. 61-2012 de la Suprema Corte de Justicia como la No. 0573-2018 del Tribunal Constitucional afirman que el artículo 31 de la Ley 87-01 es constitucional.

Asegura que el traspaso sería bajo los lineamientos que establezca la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), de manera paulatina y sin vulnerar los derechos de los afiliados.

Senasa dice en la nota que cuenta con la capacidad para garantizar buenos servicios, con altos estándares de calidad.