El presidente Danilo Medina remitió a la Cámara de Diputados la esperada sugerencia para introducir variantes a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que contiene la legislación certera y definitiva para regularizar la inmigración ilegal en República Dominicana.

En el texto, el jefe del Estado aludió en todo momento la ponderación que le merecen cientos de miles de extranjeros sin documentación residiendo en territorio dominicano, y en ninguna ocasión mencionó la palabra soberanía.

Postuló porque a toda esa marea de gente indeseable en su inmensa mayoría originarios del calamitoso vecino haitiano se les provea de una documentación con fines a la naturalización dominicana, una monstruosidad que si los congresistas no rechazan, como es lo correcto, honesto y patriótico que observen, nos salvamos de todos modos aunque procedan aviesamente, porque las sentencias del TC son inapelables y definitivas.

Propone el presidente Danilo Medina “que se reconozcan, con eficacia retroactiva a la fecha del nacimiento, todos los actos de la vida civil de las personas que se encuentren en esta condición (ilegal) y se beneficien de esta ley”.

Un párrafo expresa: “Es importante tener en cuenta que el origen de los padres de estas personas, que en su mayoría son niños y niñas, se encuentra en más de cien nacionalidades distintas, incluyendo estadounidenses, españoles, británicos, japoneses y haitianos”. El presidente Medina dejó para último a la gran población ilegal residente en RD, y es incorrecto que las restantes nacionalidades no inscriban a sus ciudadanos en un registro cuando nacen, y solo Haití, con fines expresos, es recurrente en esa falta.

Los imperativos del poder fáctico económico agrupados en el CONEP, beneficiado con venderle a Haití más de US$ mil millones anuales, bendijeron la ponencia. La FNP adujo viola la Constitución. El autor se adhiere a esto último.