Leonora Ramírez 
La coalición de partidos políticos que reclama la elección imparcial de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) no aceptará que se imponga la voluntad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque sería abrirle el camino a una dictadura de partido con consecuencias nefastas para la democracia dominicana.
Si el oficialista PLD escogiera para las referidas instancias a personas vinculadas a esa organización, los partidos opositores podrían abstenerse de participar en las elecciones presidenciales de 2020, porque no van a legitimar un “matadero electoral” con una JCE y un TSE parcializados.
La coalición, sin embargo, no pretende una repartición de los referidos puestos para que les otorguen cuotas. A lo que aspiran es a un proceso transparente que respete los principios democráticos.
Así se expresaron, en términos generales, Max Puig, Elías Wessin Chávez, Ramón Rogelio Genao, Pelegrín Castillo, Rafael Gamundi Cordero, Manuel Oviedo, Juan Ignacio Espaillat, Guillermo Moreno, Eléxido Paula, Minou Tavárez Mirabal y Andrés Bautista.
Estos dirigentes políticos acudieron ayer al Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio a externar sus preocupaciones sobre la crisis política que vive el país, debido, según ellos, a la intención del PLD de seguir dirigiendo todos los estamentos del Estado.
La lucha común: el respeto por la democracia. Max Puig, presidente del Partido Alianza por la Democracia (APD), afirmó que el propósito común de la coalisión es hacer valer los principios de una práctica democrática en el país, que ahora está amenazada por una crisis institucional.
“Esa crisis institucional tiene su punto de partida fundamental en la forma en que se produjo la reforma constitucional de 2015 –que permitió la repostulación del presidente Danilo Medina- y la manera como se desenvolvieron las elecciones de mayo pasado.
“Aun cuando dimos la voz de alarma días antes de las elecciones, cuando fuimos a la JCE para hacer valer nuestras inquietudes, pero el presidente de ese organismo, Roberto Rosario, no nos quiso recibir y tuvimos que recurrir a la misión de observación internacional de la OEA, para poder señalar los graves peligros que se cernían sobre las elecciones.
“A pesar de que señaló que se atenderían nuestros reclamos, no fue así, y de todos modos sucedió lo que temíamos: el colapso del sistema electoral”.
Por eso, dijo, el reclamo de la coalisión está orientado en el establecimiento de reglas democráticas con órganos electorales imparciales e independientes, y del establecimiento de una Ley de Partidos que garantice la equidad política.
Puig dijo, además, que no están de acuerdo con el reparto de posiciones, porque lo que se requieren son ciudadanos independientes. “Si esto no ocurre avanzaríamos a un sistema autoritario que terminaría en una dictadura”.
Legitimidad. Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), dijo que la posición de los 12 partidos opositores es que se reconozca el derecho de las mayorías.
“No vamos a proponer candidaturas para la JCE que se vea como un reparto, sino que en el diálogo político –ahora suspendido- se creen los métodos de un consenso en el que se le dé participación no solo a los partidos políticos, sino también a todas las organizaciones de la sociedad dominicana.
“Que todos seamos partícipes de la elección de una JCE que no tenga ningún tipo de dudas por su imparcialidad, y en este país hay cientos de hombres y mujeres con esas características. “Al Gobierno le conviene la legitimidad, porque no es posible participar en un proceso electoral con una JCE que arbitre un proceso a favor de un partido, en este caso el partido oficialista”.
Crisis política. Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), consideró que el país está sumido en una gran crisis, y el vector principal es de carácter institucional, porque no se respeta la separación de poderes ni la alternancia.
“Si para algo sirvió el proceso electoral pasado fue para evidenciar y retratar la democracia dominicana como un régimen colapsado que necesita ingresar a cuidados intensivos.
“De modo que el colapso de la democracia dominicana ha hecho que 12 partidos de oposición se unifiquen porque estamos frente a una democracia cuasi interrumpida, y si no le logran acuerdos se estaría ante una dictadura de partido”, expresó.
Sobre el particular Soraya Aquino, presidenta del Partido Socialista Cristiano (PSC), refirió que su partido reclama justicia, equidad e imparcialidad en la escogencia de los miembros de la JCE y del TSE, porque los comicios pasados fueron un circo “y ninguno de los que estamos aquí vamos a ir a elecciones en el 2020 porque no somos títeres”.
“No vamos a permitir que nos utilicen una vez más, aquí no andamos bien, y tenemos que poner la casa en orden con una JCE imparcial”.
Origen, falta institucionalidad. Pelegrín Castillo, excandidato presidencial por la Fuerza Nacional Progresista (FNP), afirmó que la debilidad institucional que hoy afecta al país tiene su origen en el 2002 con el proyecto reeleccionista del expresidente Hipólito Mejía, “una terrible contradicción en un partido históricamente antireeleccionista”.
En el 2010, dijo, se hizo un esfuerzo importante para sentar las bases del desarrollo democrático con la reforma constitucional de ese año. Sin embargo, se cambió el texto pero no se cambió la cultura política.
“Cuando el PLD entró en contradicción interna por la lucha de poder se afectó el orden constitucional, al modificarse la Constitución nuevamente para permitir la reelección del presidente Medina, y por eso el resultado electoral de mayo de este año fue de avasallamiento.
JCE sin reparto. Guillermo Moreno, presidente del Partido Alianza País, expresó que la coalisión no aceptará una JCE basada en el reparto de los puestos, ni tampoco integrada por miembros del partido oficialista.
“Nuestro reclamo como bloque es que la nueva JCE sea de consenso, porque si el PLD elige una JCE parcial no habrá elecciones limpias en el 2020, sino un matadero electoral que no vamos a legitimar”.
Al referirse al tema, Minou Tavárez Mirabal, presidenta del Partido Opción Democrática, consideró que en las circunstancias actuales el país está frente a un proyecto antidemocrático, orquestado por el PLD. “Si nuestras demandas no son escuchadas aquí no habrá garantías para participar en un próximo proceso electoral, por lo que sería nefasto no atender estos reclamos. Tavárez Mirabal refirió que llegó el momento de establecer una plataforma de participación electoral en la que no se aplaste al contrario.
La gobernabilidad. Andrés Bautista, presidente del PRM, dijo que está en manos del presidente Danilo Medina que en el país haya democracia o que se instale una dictadura de partido único. Al hacer el planteamiento, expresó que es el mandatario quien dirigirá la escogencia de los miembros de la JCE y del TSE.
“Es lamentable que hagamos un reclamo como este y que esté dirigido al Presidente, lo que demuestra la falta de institucionalidad, porque el Comité Político del PLD dirige los destinos del país”.
Responsabilidad de DM. Juan Ignacio Espaillat, representante del Frente Amplio, consideró que el responsable de la crisis actual es el presidente Danilo Medina, que propició que la JCE le diera el triunfo a su partido.
Asimismo, dijo que la manipulación de los procesos electorales tiene que parar, y para eso se necesitan órganos imparciales.
Por su lado, Rafael Gamundi Cordero, del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), dijo que su partido está comprometido con la democracia, por lo que esta es una excelente oportunidad para afianzarla a través de la selección de los nuevos miembros de los referidos organismos.
Sobre el mismo contexto hablaron Manuel Oviedo, de Dominicanos por el Cambio, y Elexido Paula, del Partido Humanista Dominicano, quienes coincidieron en que se requieren grandes cambios sociales y políticos. Paula entiende que la democracia está secuestrada por el PLD, partido que desea todos los resortes del poder.
