El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, afirmó ayer que representaría un “Golpe a la Constitución” llevar a efecto la propuesta de entidades de la sociedad civil de recortar el mandato presidencial de Danilo Medina, quien ganó las elecciones con un 60% de los votos.
En un documento entregado a los medios de comunicación, el magistrado también expresa que sería una ruptura del orden constitucional la remoción completa de los jueces del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, así como el establecimiento de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de la República.
Esa ruptura constitucional “nos retrotraería al golpe de Estado perpetrado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, el 25 de septiembre de 1963”, expresó Ray Guevara en el documento.
“La democracia dominicana ciertamente necesita ser consolidada, pero el marco institucional vigente posee las herramientas necesarias para garantizar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica y la paz pública.
“El país necesita más Constitución, y no la eliminación del más avanzado texto de Iberoamérica -al decir del gran constitucionalista español Diego López Garrido-, proclamada el 26 de enero de 2010 y modificada puntualmente en el tema de la reelección el 13 de junio de 2015”.
Ray Guevara explica además que las autoridades electas en los comicios del 2016 tienen que completar su mandato en el 2020 y que los funcionarios y magistrados escogidos en elecciones de segundo grado por mandato de la propia Constitución, se benefician de la misma estabilidad que los servidores públicos señalados anteriormente.
“Cualquier mecanismo, acción o método reñido con la supremacía de la Constitución y la legalidad republicana, desconociendo la voluntad popular expresada en mayo de 2016 a través de los representantes del pueblo en los órganos constituidos, entraría en el ámbito de la aplicación del artículo 73.
“Este artículo sobre la nulidad de los actos que subvierten el orden constitucional establece que: “Son nulos de pleno derecho, los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subvierten el orden constitucional y toda decisión acordada por requisión de fuerza armada”.
El magistrado expresó que es hora de fortalecer la democracia dominicana, mediante el diálogo de todos los sectores de la vida nacional y con apego irrestricto a la Constitución.
De igual modo aseguró que la lucha contra la corrupción debe ser un compromiso permanente de todos los ciudadanos y de los poderes públicos.