Las altas tasas de mortalidad materna e infantil constituyen uno de los principales problemas de salud de la República Dominicana, según tres especialistas que debatieron el tema ayer durante un panel y que afirmaron que más del 80% es evitable con medidas preventivas y con calidad en los servicios sanitarios.
Una nota dice que Rosa Elcarte, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef); Edgar Allan Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y Cristian Francisco, dirigente del Colegio Médico Dominicano, reconocieron que existen protocolos para el tratamiento adecuado de los embarazos pero no son cumplidos.
El documento cita que en 2017 murieron 2,835 niños menores de un año, el 83% neonatales, para un incremento de un 9% con relación al año anterior. En el mismo período la tasa de mortalidad materna subió un 11% al perecer 188 parturientas.
El texto que no da más detalles de lo expuesto por los panelistas dice que esas cifras colocan al país, junto a Haití y Bolivia, en el liderazgo de las peores tasas de mortalidad de América Latina y el Caribe.
Expone que Alba Reyes, coordinadora de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), que organizó el panel, aseguró que estas muertes son una de las peores consecuencias de la crisis que sufre el sistema de salud por la baja inversión del Estado en el sector y el desorden administrativo y gerencial en los hospitales.
“Los hospitales de maternidad parecen chiqueros, donde pululan bacterias y faltan medicamentos, equipos y otros insumos básicos”, afirmó al hablar en la apertura del panel, que según el texto congregó a dirigentes de organizaciones sociales, médicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Calificó de valiente la resolución del Ministerio de Salud mediante la cual presentó un reglamento para reducir las muertes de parturientas y recién nacidos en los hospitales y clínicas y que establece una escala de sanciones para quienes actúen con negligencia frente a casos de embarazadas.
La organización considera que a esa medida deben agregarse otras ocho.
Reclamó que las redes de maternidades y de hospitales infantiles sean equipadas con todo lo necesario, adecuadas y dignificadas, y que sus directivos y profesionales accedan a las posiciones mediante concurso de oposición y sean sometidos a permanente fiscalización.
Sostuvo que todos los centros en construcción y remodelación de servicios a las embarazadas y de pediatría deben estar terminados en un plazo no mayor de seis meses.
Exigió a la Sisalril y a la Cámara de Cuentas una fiscalización del manejo administrativo y financiero, tanto en funcionamiento como en construcción.