La sexualidad en la adolescencia es un tema de preocupación, debate y estudio en todos los ámbitos de la vida social, dadas todas las implicaciones de este tema desde el punto de vista jurídico-legal, cultural, religioso, educativo, de salud, valores y derechos, la amplitud del tema distorsiona el debate en muchas ocasiones, dado que abarca, abuso infantil, matrimonio infantil, violencia de género, violación de derechos y libertad sexual, desde donde lo enfoquemos y analicemos chocaremos con practicas  lacerantes para el desarrollo de la sexualidad y el abordaje del tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Los adolescentes, a diferencia de los jóvenes y los adultos, presentan una mayor ineficiencia en sus estrategias de pensamiento y en las habilidades metacognitivas en general, lo cual les impide el análisis adecuado de las situaciones y, como consecuencia, entorpece la toma adoptiva de decisiones. (Piaget e Inhelder, 1975).

De esta y otras teorías se desprende el concepto de la invalidez del consentimiento de los adolecentes y las adolecentes a la hora de sostener relaciones sexuales con adultos, adjudicándole al segundo toda la responsabilidad del acto, dada la capacidad de manipulación, sujeción, presión y chantaje que puede ejercer sobre el o la adolecente.

La tolerancia social y cultural frente a la actividad sexual que involucra a memores de edad con adultos es uno de los temas mas sensibles a la hora de abordar la sexualidad y los derechos de los y las  adolescentes, entendiendo que  en más del 90 por ciento de los casos  la diferencia de edad adulto/menor, la menor es la niña, que es abusada sexualmente por el adulto. Todos hemos escuchado en algún momento decir mi abuela se caso a los 15 o a los 16, ahí entra el tema cultural y generacional que se transmite como bueno y valido de madres y padres a hijas, en el marco de una sociedad machista/patriarcal debemos entender la relación de poder y subordinación que da origen a estas prácticas y que logra imponerla como cultura y parte de la cotidianidad, en la que el  hombre cabeza de la sociedad elije para sí a las niñas con el consentimiento social y familiar en muchos casos.

La legislación dominicana incrimina las relaciones de sexuales entre adultos y adolescentes y niños, a la vez que establece implícitamente la edad mínima para el consentimiento sexual y el matrimonio en 18 años,  la Ley No. 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, mejor conocido como código del menor, en su artículo 396  penaliza el abuso sexual con prisión de 2 a 5 años,  no obstante a esto el promedio de iniciación sexual de las niñas dominicanas ronda los 15 años  lo cual constituye una de las tazas más críticas de la región, así como la taza de embarazo en adolescente que según las estadísticas un 22% de las adolescentes entre 15 y 19 años en el país ha estado embarazada, fruto en su mayoría de estas prácticas lacerantes para la integridad de las personas adolescentes.

La inobservancia y el irrespeto a la norma legal  parte de una cultura de privilegio a hombres contrapuesta a una situación de vulnerabilidad de la las mujeres y por consecuencia de las niñas y adolescentes, aderezadas por la falta de políticas públicas tanto en el ámbito del fortalecimiento de la persecución (política criminal), así como la prevención de estas prácticas por parte de las instituciones estatales llamadas a trabajar el tema, lo cual pone en situación de riesgo a miles de niñas que crecen en nuestros barrios y comunidades.

La falta de sanción, prevención, educación y la mistificación del tema de educación sexual mas allá de lo reproductivo, así como la situación de pobreza y la brecha de género que aun existe en el  acceso a las oportunidades de progreso dificultan un tratamiento adecuado al tema de protección de las niñas, niños y adolescente que a diario son vulnerados y abusados sexualmente en nuestro país con el consenso social y la complicidad por omisión del Estado.

Si nos detenemos a mirar las cifras que se desprenden de las pocas estadísticas que lleva el Estado sobre este tema, nos encontramos con que  los tribunales conocieron 765 demandas sobre violación sexuales contra menores de edad, entre el 2011 y el 2012, sancionándose en ese período a 238  abusadores, según reporte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).  En el año 2015  se contabilizaron 1,767 denuncias de  delitos sexuales contra personas menores de edad. Este tipo de delito, en los primeros cinco meses del 2016, había llegado a 896, tomando en cuenta que el tema del abuso sexual a menores aun es tema tabú pudiéramos asumir al ver estas cifras que si se llegara a denunciar, procesar  condenar a todo aquel que tenga sexo con una o un menor de edad, colapsaría el sistema judicial y las cárceles del país.

Caminar hacia una nueva masculinidad implica entender, construir y asumir una cultura  sexual que excluya todo tipo de práctica que implique una situación de poder o subordinación con otra persona que no esté en capacidad de dar su consentimiento de manera plenamente consciente y responsable, una cultura sexual que implique el  el respeto por la integridad del otro, el respeto a la integridad física, emocional y el sano desarrollo  de a las y los adolescentes y los niños.

De construir toda una cultura de sexualidad opresora y lacerante debe ser una de las columnas sobre la que construyamos una nueva masculinidad y una nueva sociedad, que garantice la seguridad y el desarrollo de la sexualidad de los niños y niñas pero jamás la sexualidad con los niños y niñas.