La semana pasada escribimos sobre la desprotección de los consumidores y usuarios ante un mercado voraz y poco regulado, que en definitiva perjudica a los más débiles de la cadena de distribución de bienes y en la oferta de servicios, debido a la asimetría de la información entre proveedores y consumidores.
A raíz de la publicación, muchos lectores, sobre todo en las redes sociales, hicieron comentarios y denuncias de los casos que les afectan. Una de ellas hizo llegar un «stiker» de un supermercado, en el que estaba marcado el precio de 280 pesos la libra de ajo importado, el más alto que recuerde en el tiempo que tengo tratando el tema de los derechos de los consumidores.
También conocí denuncias de varias personas que recibieron alzas en la factura de energía eléctrica, en algunos casos más de un cien por ciento, incluso de familias que estaban de vacaciones fuera del país y que al llegar se encontraron que debían pagar el doble de lo que acostumbran.
Un técnico de la CDEEE explicó que en el verano sube el consumo de energía y que por ello se eleva la tarifa.
Junto a las denuncias del alza del precio de la energía, recibimos la de los apagones, incluyendo aquellos sectores beneficiados con los llamados circuitos de 24 horas, que son aquellos donde la energía se paga puntualmente; vale decir Naco, Urbanización Real, Cacicazgos, Los Restauradores, entre otros.
La Ley 125-01, vigente aún, y que regula el sector eléctrico, en su Artículo 93.2 establece que los usuarios del servicio deben ser compensados con 150 por ciento del costo de cada hora de apagón. De acuerdo a los cálculos que cada mes realiza el doctor Joaquín Luciano, el monto por este concepto es de algo más de 164 mil millones de pesos.
Los usuarios del servicio deberían ser resarcidos, por lo menos con algún monto reflejado en la factura donde se informe que el mismo es fruto de la compensación.
También recibimos quejas de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones; alegan que las telefónicas dan un mal servicio, cobran por ofertas que no cumplen en su totalidad, que tardan más del tiempo prudente cuando se le solicita un servicio y ni hablar cuando falla el cable, y que el servicio de Internet, además de muy caro, en mucho casos no tiene la calidad por la que se paga.
Solo mencionamos estos dos servicios públicos, pero existen otros que son regulados por leyes sectoriales y dirigidos por reguladores designados por el ejecutivo para garantizar la equidad y cumplir con el rol de proteger a los ciudadanos, facultad irrenunciable cuando están en juego derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la salud, que quieren escamotear las ARS, según reveló Nélsida Marmolejos, de la DIDA.
Muchos reguladores no han comprendido su rol -salvo raras excepciones-, algunos creen que deben trabajar solo para el regulado y se olvidan del ciudadano, quien muchas veces no reclama porque estima que es perder su tiempo.