Siempre es posible pactar

El Ministerio de Educación ha advertido que sancionará a los maestros que paralicen la docencia en los planteles públicos. Actuaría así con apego a las facultades que le confiere la Ley General de Educación, aunque con preludios de que al hacerlo empeoraría las cosas. Del lado de los docentes, la Asociación Dominicana de Profesores responde en pie de lucha. Ambas posiciones conducen a una indeseable quiebra de las negociaciones basadas en las exigencias de alza salarial de los maestros, que ya han sido satisfechas en parte.
No conviene atizar la confrontación en los términos en que están basados los argumentos de las dos partes. Educación no está obligada a pagar los días que los maestros dejen de trabajar como parte de la lucha por mejor salario. Y los maestros, aunque tienen derecho a demandar mejor paga, desbordan ese derecho cuando paralizan la docencia y trastornan la marcha del año escolar en perjuicio de miles de estudiantes, que de igual modo saldrían lesionados si se continúa la ruta del choque frontal.
Educación y la ADP deben retomar el diálogo, sin sacrificio de la autoridad de la cartera ni menoscabo de los derechos de los educadores. Ambas partes deben administrar sus voluntades de manera que faciliten un entendimiento. Ya los profesores tienen ganada una parte de sus demandas y negociar el resto sería juicioso por los cuatro costados.

Otra estocada a la democracia

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha consumado un grave acto de intrusismo al despojar al Parlamento, de mayoría opositora, de sus facultades constitucionales y arrogarse la autoridad legislativa. Se trata de una agresión inadmisible, no solo contra la división de poderes públicos de esa nación, sino también contra la democracia continental. Estos acontecimientos encajan en la calificación de típico golpe de Estado institucional.
Este acto grosero del régimen que encabeza al presidente Nicolás Maduro viene a ocurrir en momentos en que la familia interamericana se esfuerza porque Venezuela vuelva al camino de la democracia representativa. Con este acto, el gobierno venezolano adelanta un paso más hacia un totalitarismo que no encaja en los esquemas que rigen actualmente a los pueblos de América.


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