Cuando se escriba la historia de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, el caso Odebrecht marcará un antes y un después. No solo estamos en presencia de un caso en que -contrario a los fraudes bancarios de 2003, donde el Estado, en violación a la Ley Monetaria y Financiera acudió en rescate de los banqueros, socializando así las pérdidas bancarias en la población dominicana vía inflación e impuestos- se logra el pago de la más alta indemnización (US$184 millones de dólares estadounidenses) que el país haya recibido en toda la historia republicana por parte de un infractor, sino que, además, se trata de un expediente en el que se han arrestado, se busca su encarcelamiento preventivo, se investigan y eventualmente se acusarán y juzgarán más de una decena de funcionarios y ex funcionarios públicos del más alto nivel de la Administración y de los poderes públicos, el número más alto de procesados después de Brasil, hasta la fecha, en los diferentes casos surgidos en relación a Odebrecht en nuestra América.
¿Cómo pudo el país, en este caso, llegar hasta donde ha llegado hasta el momento en tan relativamente poco tiempo? La respuesta es obvia: únicamente la firma del acuerdo del Ministerio Público con Odebrecht nos puso en condiciones no solo de comenzar a recibir anticipadamente la antes indicada indemnización, sin necesidad de un juicio condenatorio, sino, lo que es más importante, de beneficiarnos de la colaboración de la empresa y del Ministerio Público brasileño, que permitió a nuestros fiscales adelantar las investigaciones mucho antes que los demás países involucrados, aunque no tan pronto como se quería por culpa del injustificado e improcedente rechazo de la homologación del acuerdo con Odebrecht por el primer juez que la conoció, el cual fue paradójicamente aplaudido por muchos de quienes dicen luchar contra la impunidad.
Lógicamente, este proceso se despliega en un Estado de Derecho donde el presidente Danilo Medina, contrario a Joaquín Balaguer, quien desató contra el ex presidente Salvador Jorge Blanco una atroz y descarada persecución política, mal disfrazada de proceso judicial, si bien ha sido enfático en señalar que ha asumido “un compromiso, ante Dios todopoderoso, ante mi familia, ante mi país, ante este Congreso, ante mi partido, ante los padres fundadores, ante Juan Bosch y no los voy a traicionar”, confiado en que se llegue “hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, también ha sido muy claro en el sentido de que “en este caso de Odebrecht y cualquier otro caso, el Ministerio Público, el procurador general de la República y la Justicia tienen plena potestad e independencia para investigar y actuar sin ningún tipo de contemplaciones”. Ello explica por qué el Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez, sin caer en el vedetismo de algunos pasados titulares de procuradurías y fiscalías, las cuales han utilizado incluso como plataforma de sus proyectos políticos, y sin ceder a la tentación de la complicidad con la impunidad, consciente del estricto apego a la legalidad y objetividad que debe caracterizar el accionar del acusador público, dirige, sin prisa pero sin pausa, una profunda y seria investigación que involucra como eventuales acusados a altos dirigentes tanto del principal partido de oposición como del gobernante, sin perjuicio de la futura inclusión de otras personas que resulten posteriormente incriminadas durante la investigación en curso.
Las críticas no faltan pero son totalmente infundadas. Para muestra un botón: un error material en una traducción de una carta del Procurador se presenta como si el Procurador no hubiese pedido ni recibido de Brasil toda la documentación de 2001 a 2014, tal como declaró la Procuraduría y como es más que evidente cuando se comprueba que son investigados funcionarios que ejercieron funciones tras 2004. Las críticas se dirigen contra el Procurador, tratando de retrasar lo inevitable: tarde o temprano, lo quieran o no quieran algunos, cuando se expongan las pruebas, se haga la acusación y comience el juicio, los cañones de la opinión pública deberán enfilarse no solo contra los fiscales, como ahora, sino también contra quienes resulten acusados y culpables y, sobre todo, contra los jueces, que son los que finalmente juzgan, condenan y descargan. En todo caso, hay que partir de la presunción de inocencia, base fundamental de nuestro sistema procesal penal, evitar todo tipo de populismo penal y confiar en los jueces, aunque no lo quieran esos insoportables e incorregibles activistas de la sospecha permanente, portavoces de los más gastados clichés, para quienes ni sirve el Ministerio Público ni sirven los jueces y mucho menos los legisladores, los partidos y los políticos.

El inicio del proceso Odebrecht augura un mejor clima de seguridad jurídica y transparencia para nuestra nación y ello debe significar mayor confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y una mejor calificación de riesgo por parte de las agencias internacionales, lo cual nos beneficia como destino de inversión y facilita y hace menos costoso el acceso al financiamiento internacional para la nación. También implica un cambio en la cultura corporativa de las empresas dominicanas y las extranjeras localizadas en territorio dominicano, la que se orientará indefectiblemente hacia el compliance penal y la buena gobernanza societaria, gracias también a la nueva legislación de lavado de activos, el enforcement tributario, la ley de extinción de dominio y las nuevas normas de los mercados financieros. La nueva ley de partidos, con una adecuada regulación del financiamiento público y privado a los mismos, es ya impostergable, como lo es también una –nunca mencionada pero necesaria- ley que regule el cabildeo. No hay dudas, tras el caso Odebrecht, y si así se lo propone firmemente Estado y sociedad, nuestra República Dominicana será un mejor país.