La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido selectiva en dar crédito a los expedientes de la Justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht en el país en el período 2002-12, para dictar 14 órdenes de prisión, pero ignora los del 2012-15, aunque en este se realizaron las dos terceras partes de las transferencias en dólares.
Se trataría de una gran manipulación política para matar tres pájaros de un solo tiro. Lo primero sería contener la ola de indignación nacional manifiesta en la Marcha Verde, y las presiones internacionales, liquidar la competencia interna del leonelismo, y desacreditar y dejar a la defensiva al principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM).
Una tremenda dicotomía. Ha llamado la atención el aparataje con que el Gobierno procedió al encarcelamiento de diez de los 14 imputados por la recepción de los sobornos confesados por la Odebrecht para obtener contratos de obras en la República Dominicana por 92 millones de dólares y la radicalidad de mantenerlos en prisión en su mayoría sin pruebas sostenibles, y casi todos por contrataciones en los períodos gubernamentales de Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Para imputar a seis exfuncionarios y legisladores del período de Mejía (2000-04) y a otros tantos del doble de Fernández (2004-12), la PGR se fundamentó en interrogatorios a ejecutivos de la constructora realizados por la Justicia de Brasil, aunque en la generalidad de los casos solo hay referencias y presunciones de que recibieron sobornos a través del representante de Odebrecht Angel Rondón. En ningún caso se indica suma específica.
La PGR sostiene que hubo sobornos en la contratación de 17 obras, identificadas con sus respectivos montos, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste por 161.7 millones de dólares, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, por 2,010.7 millones de dólares, la mayor inversión del Gobierno del presidente Danilo Medina.
Tras el impacto generado por la inclusión de las plantas de carbón de Medina, la PGR emitió un comunicado indicando que en esta obra los sobornos no se produjeron en su licitación y contratación, sino en la aprobación de su financiamiento por el Congreso Nacional, apelando al testimonio atribuido a «un empleado de Odebrecht», según el cual un senador y un diputado habrían recibido las coimas, pero ahorrándose identificarlos.
2/3 en período de Danilo. Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que desde que comenzaron a ser señalados los presuntos sobornados, es la ausencia de los funcionarios y dirigentes del Congreso involucrados en las obras realizadas en el período de Gobierno del actual jefe del Ministerio Público, lo que se agravó al conocerse el texto de la misma instancia de la PGR.
El documento da cuenta de 101 transferencias de 5 empresas “offshore” de Odebrecht a 2 empresas, todas identificadas, de Angel Rondón, imputado como el sobornador, por un monto de 81 millones 279 mil dólares, entre 2007 y 2015, de los cuales 53 millones 859 mil, las dos terceras partes, ingresaron entre el 16 de agosto de 2012 y el 13 de enero de 2015, es decir en los primeros 29 meses del Gobierno de Medina y los otros US$27.4 millones fueron transferidos en los 8 años seguidos de Gobierno de Leonel Fernández, a un promedio de 285 mil dólares mensuales, mientras en el período de Medina el promedio alcanzó a 1 millón 859 mil dólares, es decir 6.5 veces mayor.
Visto por años, la bolsa de sobornos creció enorme y ascendentemente en el período 2011-14. En 2011 fue de 10.2 millones de dólares, 11.4 en el 12, para elevarse a 15.8 en el 13, y duplicarse a 31.8 millones de dólares en el 2014. La última transferencia fue de 1.1 millones, en enero de 2015, cuando ya caían presos en Brasil los jefes de Odebrecht.

Contraste con el PRM. Tampoco se enlodaron otros que, como Cristina Lizardo y Abel Martínez, presidieron aprobaciones en ambas cámaras legislativas, casi siempre declaradas de urgencia, sin estudios de comisión y sin dar tiempo a que los legisladores leyeran legajos de hasta 2 mil páginas como el de Catalina, puesto que ninguno de ellos están imputados.
Los del antiguo PRD, del período de Hipólito Mejía, 2000-04 no tuvieron igual suerte, ya que el entonces presidente del Senado, Andrés Bautista, resultó imputado hasta por contratos que se aprobaron después que salió del cargo, entre las múltiples incoherencias y dislates de la instancia de la PGR, como la de mostrar enriquecimiento ilícito del imputado Roberto Rodríguez, por dos depósitos bancarios de 500 mil pesos, presentados como de 50 millones de pesos cada uno, lo que no fue un error mecanográfico, como se ha dicho luego, ya que se argumentó y hasta se consignó una fecha falsa.
También fue imputado el presidente de la Cámara de Diputados de ese período, Alfredo Pacheco, que como Bautista es ahora dirigente del principal partido de oposición, el PRM. Es significativo que en ese cuatrienio, cuando se aprobaron solo dos proyectos de Odebrecht por el 5 por ciento del total de las contrataciones y solo ejecutaron el primero, encontraron 6 funcionarios y legisladores sobornados, la misma cantidad que en los períodos del PLD que contrataron el 95 por ciento. Y aunque las transferencias de Odebretch sacadas por la PGR de las confesiones en Brasil comenzaron en el 2007.
Danilo a la ofensiva. Es obvio que con las imputaciones y las coerciones dispuestas por el juez de la instrucción especial Francisco Ortega no ha ganado solo la PGR, sino especialmente el Gobierno a quien se debe administrativa y políticamente el procurador general Jean Alain Rodríguez. El presidente Danilo Medina pasó a la ofensiva, tras casi seis meses a la defensiva.
Todo el aparataje de los apresamientos, la repartición de culpas con imputaciones pobremente fundamentadas, como desnudaron los abogados defensores, sacrificando hasta al ministro Temístocles Montás, uno de los mayores arquitectos del PLD, tiene como objetivos contener la Marcha Verde, distraer las crecientes presiones internacionales por la evasión, atribuir las responsabilidades a la oposición interna del leonelismo, y a la externa del PRM, como advirtió el exsubsecretario de Estado de EU Roger Noriega en el Miami Herald, para tratar de revocar el deterioro de la legitimidad y popularidad y abrir espacio al continuismo. De paso quedan fuera de balance dos de los precandidatos del PLD en el 2012, Montás y Radhamés Segura.
Las crónicas cuentan que el presidente Medina siguió por televisión el espectáculo de los apresamientos y que en los días de las audiencias judiciales las actividades del Palacio Nacional lucían detenidas. Mientras tanto, para nada se exige que la ODEBRECHT entregue la cacareada lista de sobornados que justificó el acuerdo que libera de cargos a sus ejecutivos y le permite seguir construyendo en el país, por encima de la ley, lo que constituye otro fraude y un pacto de mutuas consideraciones. Entre enero y mayo la constructora recibió más de 12 mil millones de pesos por las obras que ejecuta. Aunque se admitió que las plantas de Catalina siguen con problemas del financiamiento internacional.
Por demás el espectáculo desvía la atención de otros tres aspectos fundamentales del escándalo Odebrecht, sobre los cuales hay abundantes y válidos testimonios, como las sobrevaluaciones de las obras, el financiamiento de campañas electorales y el uso del país como plataforma final del más grande entramado de corrupción internacional.