Sin FMI ni otro ajuste a la vista

Sin FMI ni otro ajuste a la vista

La firma con el Fondo Monetario Internacional de un programa de ajustes económicos cuenta con el visto bueno de quienes, impresionados por el curso del endeudamiento para sufragar muchos gastos, entienden que el país debe ponerse una camisa de fuerza venida del exterior. Desde el sector privado y el propio Gobierno otros ven las cosas menos grave y confían en la aplicación de una receta propia de restricciones en previsión a lo que depararía el convulso panorama económico mundial que apuntan hacia una guerra comercial con repercusiones. A pesar del optimismo de analistas y funcionarios, el país está ya destinando más dinero del ingreso presupuestal a pagar deudas que a solventar funciones de Estado de primer orden, un desequilibro que justificaría aplicar recortes en gastos y nóminas improductivas y a sujetar inversión a prioridades.
El Poder Ejecutivo no podría llevar esa línea si solo para cumplir parte de lo prometido el pasado 27 de febrero tendría que seguir desbordando recursos y tomando créditos para sus ejecutorias hasta superar su propio récord de déficits fiscales que ya llega a diez años seguidos. No da señales además de avanzar con sinceridad hacia un pacto fiscal que le trace una ingeniería al Estado para generar ahorros y legitimar nuevos impuestos moderados y favorables al desarrollo. En la agenda oficial no aparece el acto de firmar con el FMI ni de acogerse sin él a una disciplina.

Un agua de muy mala forma

El crecimiento del consumo de agua procesada y supuestamente apta para el consumo ha despertado la ambición de individuos inescrupulosos que embotellan y distribuyen el líquido de oculto origen y de calidad no certificada, tal vez salida crudamente de grifos o cañadas impuras para venderla a sectores marginados y de clase media baja. Contendrían probablemente gérmenes capaces de enfermar y matar a ciudadanos. En un Estado de alto porcentaje de gente asalariada mediante la supernómina del clientelismo no se podría alegar la falta de recursos humanos para ejercer supervisión en calles y comercios en busca de atentados a la salud del consumidor a través de la presencia de comestibles y bebidas alejados de la inocuidad, palabreja de moda para la propaganda que los asalariados sin oficios todavía podrían poner a valer.

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