Escandalizados, todos pedimos hoy la cabeza del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y nos unimos en defensa de la nación. Nos molesta, como tiene que ser, que a alguien se le ocurra sugerir un boicot contra el turismo dominicano sólo porque hemos decidido que ha llegado el momento de regularizar la migración.

Nadie puede criticarnos por pretender que los extranjeros que viven en la República Dominicana lo hagan de manera legal. Tampoco que repatriemos a quienes no han puesto al día sus papeles.

El problema, sin embargo, no es precisamente ése. Lo que se nos critica, con mucha dureza, es que terminado el plazo del Plan de Regularización deportemos también a los dominicanos despojados de la nacionalidad con la sentencia 168-13.

“Las recientes acciones en la República Dominicana contra los dominicanos descendientes de haitianos son deplorables. Rezamos por la igualdad y la justicia”, tuiteó De Blasio el día 21.

Como De Blasio, Human Rights Watch se pronunció contra la expulsión de los hijos de haitianos que nacieron en República Dominicana. Y es que muchos, a pesar del proceso de nacionalización, aún no tienen sus documentos.

Aunque República Dominicana tiene todo el derecho de mantener en su territorio a quien quiera, debe tener cuidado cuando se trata de gente que ha nacido en el país: no es justo echar a quienes han pasado toda su vida en nuestra tierra. Lo que se nos pide es, precisamente, eso: no tratar a los desnacionalizados igual que a los inmigrantes ilegales. Sus estatus no son comparables. Separemos ambas cosas.