Las entidades que forman parte de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática no tienen ningún interés en sustituir a los poderes del Estado en la toma de decisiones, pero se sienten con el derecho de exigirle al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que propicie el fortalecimiento de las instituciones porque sin paz social no hay desarrollo.

De esa manera sintetizó Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la razón de ser de ese conglomerado de reciente formación.

En su comparecencia en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio expresó que siempre que el Conep se pronuncia sobre temas políticos llega la crítica de la clase política, “pero nosotros representamos intereses, defendemos el estado de derecho y el sistema de libre mercado en la economía”.

“Cuando reclamamos que se debe fortalecer el sistema político hablamos de fortalecimiento democrático y mayores derechos para los ciudadanos”, dijo.

Blanco Canto le salió al frente a quienes han planteado que la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática no es más que una componenda para intentar sustituir los poderes públicos.

En ese sentido planteó que los miembros de esa agrupación saben que el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura son los que tienen que escoger a los miembros de las altas cortes, y que lo único que exigen es que ese proceso tenga el cariz de la institucionalidad.

“Una de las enseñanzas del pasado proceso electoral es que si en el país hubiese ocurrido lo que en Perú, con dos candidatos con pequeños márgenes de diferencia, la situación habría sido insostenible por los cuestionamientos que tenían los miembros de la Junta Central Electoral”.

Desde hace más de 15 años, dijo, la selección de los miembros de ese organismo se hace con un criterio de reparto de los partidos políticos.

Ciudadanía activa. Rafael Paz, vicepresidente del Conep, destacó que no pretenden tomar el rol de los partidos ni de las instituciones, sino hacer un ejercicio activo de ciudadanía.

Al hacer esa aclaración, destacó que los postulados de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática no son improvisados, sino que responden a viejas preocupaciones del sector empresarial.

De hecho, citó que en 2015 el empresariado nacional propuso que debía promoverse la aprobación de la ley de partidos, lograr un poder judicial independiente, fortalecer los órganos de control para combatir la corrupción y la impunidad.

“El mensaje a los tomadores de decisiones es que debemos cambiar la forma de hacer las cosas, porque la vigente es insostenible ya que el Estado ha perdido capacidad de hacer funcionar el régimen de consecuencias”, expresó.

Más controles. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo, afirmó que nunca como ahora el sector empresarial había estado tan unido en sus propósitos de luchar por un desarrollo que esté montado en los rieles constitucionales.

Al destacar que el sector empresarial está más consciente que el político del camino que debe trazarse el país, dijo que se necesita un Estado más fuerte, más vigilante, más pequeño y más organizado.

“No podemos hacer cambios en el sector económico con agencias gubernamentales como las que tenemos hoy, y no podemos ir a una reforma fiscal para que se gaste sin control”.

Empoderamiento. Roque Féliz, director del Centro Bonó, consideró que en ese mecanismo de presión que organizan grupos empresariales y de la sociedad civil, no deben estar ausentes los grupos comunitarios.

Al hacer ese señalamiento refirió que la falta de institucionalidad afecta los derechos de las mayorías excluidas y desposeídas.

A su entender, es tiempo de que se eliminen los esquemas de privilegio que disfrutan algunos grupos, solo porque detentan poder político.

Féliz dijo además que la sociedad no debe perder el entusiasmo en su lucha por llevar a la cordura a la clase política.

La meta. Amelia Vicini, representante de la Cámara Americana de Comercio, planteó en el encuentro que el sector empresarial y social está consciente que alcanzar el fortalecimiento democrático es un proceso a largo plazo.

En ese sentido dijo que las puertas de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática están abiertas para todos los interesados en contribuir con los cambios que necesita el país.

“La inversión del 4% del PIB es un ejemplo de lo que es una verdadera coalición y eso es lo que queremos lograr”, refirió durante el encuentro del Grupo de Comunicaciones Corripio.

La ciudadanía tiene derecho a exigirle al poder político

El presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, defendió el derecho constitucional que tienen los ciudadanos de reclamarle a los poderes públicos un accionar apegado a los valores de la democracia y la transparencia.

El artículo 22 de la Constitución, en el numeral 4, establece que “es un derecho del ciudadano formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público, y obtener respuestas de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”.

El numeral 5 del mismo artículo señala que se deben “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos”.

Castaños Guzmán citó esos aspectos constitucionales para destacar los derechos que la Carta Magna le confiere a la ciudadanía.

A su entender no se puede hablar de democracia sin tomar en cuenta la participación de la ciudadanía, porque evidentemente eso no tendría ningún sentido de conformidad con la lógica constitucional.

Finjus forma parte de las organizaciones empresariales y de la sociedad civil que constituyeron el colectivo Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.
Esa coalición, dijo Castaños Guzmán, lo que procura es ser parte del proceso de fortalecimiento institucional del Estado dominicano.

Ese proceso requiere, según sus declaraciones, de la la aprobación de la ley de partidos políticos, de fiscalización y control, y otra ley de transparencia y fiscalización del Presupuesto General del Estado.

Sin embargo, cuestionó que no se cumplan algunas de las legislaciones existentes, tales como la Ley de Declaración Jurada de Bienes.

Dijo que si no se cumplen las leyes es porque el Estado es el principal propiciador del desorden.

En el contexto del fortalecimiento institucional la prioridad de la coalición, en estos momentos, es la selección de los miembros de las altas cortes, afirmó Castaños Guzmán al destacar que el reclamo de la sociedad es que sean personas independientes.

“Es bueno que esos temas los tratemos, porque si bien es cierto que es política la composición de los órganos que tienen que elegir a esos funcionarios, su selección tiene que obedecer al interés de la ciudadanía y no las cúpulas de los partidos que los llevaron ahí”.