Durante el 2017 hubo un aumento de crecimiento de la informalidad en el país. Se estima que dos millones 568,932 personas, la mayoría de ellas hombres, componen la población de trabajadores informales dominicanos, quedando fuera del sistema de protección de la Seguridad Social y que además afecta al Estado, que deja de percibir millones en tributos fiscales, de acuerdo al informe Balance Sindical del Año 2017, realizado por la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
De acuerdo al informe de evaluación de las entidades sindicales, según el Banco Mundial, la informalidad era 57.4% de la fuerza laboral en 2016 y este año aumentó a 58.6 por ciento.

Explica que además de lo planteado por el Banco Mundial en el sentido de que el crecimiento de la informalidad obedece en gran medida a las trabas burocráticas y el costo oneroso de la formalidad, las centrales sindicales entienden como un factor que incide en este fenómeno en los cambios operados en las empresas y su estructura de producción y servicios, mediante la tercerización de sus actividades, donde concentran como tal una pequeña cantidad de trabajadores, siendo el resto utilizado a través de pequeñas empresas satélites o a través de la subcontratación de personas físicas, como testaferros de la relación de trabajo, muchas de ellas empresas y personas, no registradas formalmente.

Además que a la informalidad se suman los bajos salarios que se pagan en actividades con uso intensivo de la mano de obra como las zonas francas, en la producción agrícola (bananeras, arroz, vegetales), en la agroindustria azucarera, en los hoteles y restaurantes y demás actividades ligadas al turismo, entre otras.

Las centrales sindicales también criticaron que una práctica negativa que durante el año 2017 se ha incrementado de manera alarmante, es que grandes empresas, que por demás se constituían en grandes contribuyentes del Estado, están dividiendo sus procesos y creando diversas empresas para caer en categorías menores, esto es medianas y pequeñas empresas y de esa manera reducen sus aportes fiscales.

Explicaron que estas empresas se encontraban en el régimen ordinario impositivo y están pasando a registrarse como “zonas francas”, con lo que, además de perjudicar a los trabajadores imponiendo salarios más bajos y no pagando la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas (Artículos 223 y 226 del CT), reducen considerablemente su contribución por las exenciones fiscales del régimen de zonas francas, de manera especial el Impuesto sobre la Renta de las personas jurídicas y los aranceles por importación y exportación.

“Esto contribuye a profundizar el carácter regresivo de la política fiscal nacional y la reducción de ingresos para que el Estado pueda diseñar y ejecutar políticas en beneficio de la población más desposeída”, expresó. A la vez las entidades agregan que “Se sabe que el Estado está urgido de recursos para resolver los ingentes problemas que aquejan a la sociedad dominicana, pero eso se puede hacer reduciendo las elevadas exenciones fiscales que disfruta el empresariado y reduciendo la evasión fiscal en el cobro del Impuesto sobre la Renta y del ITBIS, del cual se ha dicho que es de un 42%”.