En las democracias, la libertad de expresión y difusión del pensamiento está considerada consustancial a la existencia humana. Si la naturaleza dotó al ser humano de la capacidad de razonar, coordinar y difundir las ideas, sería bizantino pretender penalizar este ejercicio, máxime cuando está sobradamente demostrado que la libertad de expresión es la madre de las demás libertades. Es antijurídico, desde todo punto de vista, pretender una penalización contra esta libertad, y peor aún, que esa penalización arremeta contra aquel que no es autor de algún delito que tenga como vehículo la libertad de expresión. Solo la más cavernaria de las intolerancias abogaría por un desacierto jurídico de esa catadura.

Contrario a como ocurre en las democracias, en los regímenes intolerantes lo primero que se pretende es suprimir la libertad de expresión. Esta vocación es una característica inseparable de las dictaduras. Es en el único ambiente que se concibe la palabra, y más que la palabra la libertad de expresarla, como capaz de tipificar un acto penalmente condenable. Quienes azuzan la penalización contra los periodistas no pueden ocultar, de ninguna manera, su inclinación dictatorial, su espíritu intolerante. Lo más saludable para nuestra democracia es que quienes tratan de sembrar estas simientes de intolerancia, sepulten su ojeriza contra la virtud humana que es madre de todas las libertades.

AYUNTAMIENTOS BAJO LA MIRA ÉTICA

Algunos gobiernos municipales han sido sacudidos por escándalos que inspiran imputaciones que van desde corrupción hasta el homicidio. Con menos altisonancia, pero en abundancia que preocupa, otros ayuntamientos han sido acusados de manejar sus cuentas en atmósfera brumosa, poco transparente. Estos últimos se caracterizan por su resistencia a rendir oportunas cuentas de sus manejos financieros y administrativos.

Lo anterior delata un estado de cosas en el que los controles sobre el accionar de la autoridad municipal lucen muy flojos, ineficaces. Los escándalos se conocen cuando estallan, pero nada ni nadie los prevé en base a las pistas que van dejando determinados comportamientos. Es necesario poner el quehacer de los gobiernos municipales bajo una mira ética menos empañada y más perspicaz, capaz de entrar en sospecha y actuar con eficacia y a tiempo.