La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer la nueva “Ley contra el odio” aprobada en Venezuela al calificarla como ambigua y una “coartada” del presidente Nicolás Maduro para acabar con la ya “debilitada libertad de expresión».
La iniciativa “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia, la libertad de asociación y la libertad de expresión”, aseguró el presidente de la SIP, Gustavo Mohme.
La SIP precisó que la ley castiga con penas hasta de 20 años de cárcel por “incitación al odio”, condición que se puede atribuir a manifestantes en la vía pública que protestan contra el Gobierno o expresen críticas y opiniones en redes sociales y medios de comunicación.
“La novedad peligrosa de esta ley es que permite al Gobierno ensañarse contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales”, manifestó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Recordó que esa pelea hasta ahora “estaba más enfocada” contra la oposición política, los periodistas y medios independientes.
La organización lamentó que la iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el miércoles amenaza con cierre a medios y la “ilegalización a partidos políticos promuevan fascismo». El régimen “sigue reglas que le posibilitan legitimar su autoritarismo”, expresó Mohme.