El vicepresidente Regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miguel Franjul, manifestó ayer en la Asamblea General de esa entidad en Salta, Argentina, que por primera vez en este último semestre del año no han sido registradas agresiones de ningún tipo contra periodistas por parte de las autoridades, sino incidentes entre reporteros y ciudadanos comunes y corrientes en la cobertura de eventos.
En su Informe sobre la situación de la libertad de prensa en la República Dominicana advirtió que la Ley de Partidos, que limita el derecho a la libertad de expresión, el proyecto que establece una Ley de Medios de Comunicación y el que impone porcentajes y tarifas a la publicidad abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión.
Sostuvo que los temores que aviva la ley es que, de forma caprichosa o subjetiva, abre campo a infinidad de supuestos para tipificar o calificar entre lo «negativo» o lo «positivo» de una expresión sobre un candidato, o para medir el grado de daño a la imagen de este, ya que ninguno de estos calificativos guardan relación con la veracidad de la información o invaden el ámbito de la privacidad.
Alertó que con esto se corre el riesgo de que cualquier ciudadano que se haga eco de la información de una red social sea pasible a penas de prisión de hasta dos años, mas las multas.
El director del Listín Diario disertó en la actividad donde expresó que en el caso de la ley 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, va mas allá de su propósito original de regular la Constitución y el funcionamiento de esas entidades, y excede con disposiciones que castigan con penas de multas y prisión la “difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales, que empañen la imagen de los candidatos”.

Indicó que para disponer estas penalidades, está apoyada en artículos de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, “pero lo preocupante es que en ella subyace un implícito atentado contra derechos y principios fundamentales consagrados en la Constitución de la República, entre ellos el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública”.

Expuso que ya ha sido introducido un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y, por ende, fortalecer la democracia.
Recordó que ya existen en el Código Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamación y la injuria, si fuese el caso hacerlo.

Publicidad. Sobre la Ley General de Publicidad explicó que los periódicos miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios han llevado al Congreso sus formales objeciones a su aprobación, porque fijaría porcentajes, comisiones y tarifas a los avisos publicitarios que insertan los medios impresos y abre el camino a la intervención directa del Estado en la intermediación y en los marcos de negociaciones y fórmulas entre clientes y medios.

La Sociedad de Diarios ha dicho que esta ley colidiría con otras vigentes y podría generar conflictos y situaciones confusas y convertirse en una camisa de fuerza de carácter legal que limitaría la capacidad creadora de las partes en el sector privado para asegurar sus estrategias publicitarias.

“En otro orden de ideas, la prensa libre dominicana mantiene su línea de oposición a la aprobación de varios artículos del proyecto de Ley de Medios de Comunicación que establecen penas de prisión para algunos «delitos de palabra» o disposiciones que obligarían a los periodistas a informar a las autoridades sobre planes o actos subversivos del que tuvieren conocimiento y a identificar a los probables implicados, so pena de ser considerados cómplices de esos actos ilícitos”, dijo.

Detalló que los diarios independientes han preparado un borrador de sus propuestas para alcanzar una legislación que respete de manera absoluta y amplia las conquistas consagradas en el estado social y democrático de derechos, que ha establecido la Constitución dominicana.
Anunció que ese borrador será discutido pronto en el seno de la comisión bilateral designada por el Congreso para buscar consenso sobre la pieza.

Franjul manifestó que en paralelo a estas iniciativas, El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) sometió ante el Senado un proyecto que modifica la Ley 10-91, que crea a esa institución, que procura, entre otras cosas, regular el ejercicio del periodismo, los cargos que deben ser ejercidos por periodistas en los medios de comunicación, las atribuciones del gremio y los requisitos para ser miembros.

También incorpora nuevos capítulos referentes a la independencia del periodista, la confidencialidad de la fuente, el libre acceso a la información, el derecho de identificación de sus trabajos, de su reproducción fiel y los derechos de réplica y respuesta.

“Hay que recordar que en la década de los noventas, el Congreso Nacional declaró inconstitucional la referida ley porque estipulaba la colegiación obligatoria de los periodistas”, planteó Franjul.
La Ley de Partidos ha desatado controversias por las amenazas que algunos han visto a la comunicación.