Al sistema financiero dominicano le está yendo bien. Tiene capital de más y esto se debe a causas positivas, entre las que figura un nivel de solvencia que está muy por encima de lo que exigen las normas. Por otro lado, el gobernador del Banco Central ha propuesto que la Junta Monetaria autorice la liberación de 10 mil millones de pesos del encaje legal para ser prestados a todos los sectores que lo necesitan, y que se sumen a esa partida otros 10 mil millones que estuvieron destinados a apoyar la agropecuaria y que no han sido utilizados.
De lo que estamos hablando es de una remoción de ciertas barreras que alejan el crédito de sectores productivos que generalmente no tienen acceso al dinero de la banca privada. A eso se agrega que están en proceso medidas como la Ley de Garantía Mobiliaria, que permitirá a las micro y pequeñas empresas obtener préstamos bancarios ofreciendo como garantía bienes muebles, lo que remueve la traba que significaba la exigencia de garantías basadas en propiedades inmobiliarias.
La condición ideal sería que los actores de la economía, cualquiera que sea su tamaño, tengan siempre acceso al crédito bancario para impulsar micro, pequeñas y medianas empresas, y que esta condición no se deba a coyunturas como las que determinan la sobreliquidez de estos momentos.

Hay que afinar los cedazos

Hace unos días, el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, reconoció que la corrupción es más frecuente en las áreas de compras, contrataciones de obras, servicios y concesiones en el Estado. Y ayer, FINJUS expresó el temor de que casos de corrupción como el que desencadenó un hecho de sangre en la OMSA se estén replicando en otras dependencias públicas porque la Ley de Compras y Contrataciones no solo se presta para la manipulación de licitaciones, sino que también está sirviendo para financiar el sistema político.
Estos dos argumentos deberían bastar para motivar una revisión de la señalada ley, para afinar los cedazos que ese instrumento jurídico provee para detener toda forma de peculado desde las posiciones del Estado. Cuanto antes se revise, mejor para todos.