Ayer, como ya es costumbre, los diputados oficialistas demostraron que ellos entienden que la fiscalización de los gastos del Gobierno no es una de las atribuciones u obligaciones de su ejercicio: se negaron a crear una comisión para investigar los contratos pagados a Joao Santana y Mónica Moura, tal como lo había solicitado la diputada Faride Raful.
Aunque el Congreso entienda que es válida la respuesta del ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta; y del director de la DICOM, Roberto Rodríguez Marchena, jamás debe dejar a un lado lo que le corresponde. Investigar es, independientemente del resultado, lo que se establece en estos casos.
Digamos que el Gobierno dice toda la verdad cuando afirma que pagó RD$430 millones a Joao y Mónica y no RD$1,400, tal como denunció Faride con unos documentos de la Contraloría en la mano. ¿Por qué no se llega hasta el fondo del asunto?
Los diputados, que se preocupan por defender al Gobierno pero no la institucionalidad, olvidan que independientemente de la suma que hayan gastado en la empresa de Moura habría que establecer cuál era el trabajo que hacían, puesto que los funcionarios dicen que los pagos cesaron cuando entró la campaña electoral porque Danilo Medina no quería que se vinculara a sus asesores con pagos desde el Gobierno.
Si en torno al tema no hay nada que ocultar, los funcionarios de Palacio deberían ser los más interesados en que se ventilen los detalles del caso. Por ello, no estaría de más, ya que dicen que Faride miente, que le lleven todos los papeles. Ella, feliz, los recibirá.