Soluciones no elegibles

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La necesidad de una reforma fiscal ha sido inocultable desde mucho antes de que la figura del pacto eléctrico cobrara su actual carácter de prioridad. Pero ahora la reforma está atada a la consumación de un acuerdo en el mercado de la electricidad, aunque no son convincentes los argumentos que sustentan esta secuencia. Es más, muchas de las circunstancias que conducen a negociar un arreglo en el conjunto del sector energético, son derivaciones de las distorsiones de la política fiscal.
Pero el pacto eléctrico no es lo único que determina la necesidad de una reforma fiscal. Las exenciones, muchas de ellas innecesarias, privan al Estado de una cantidad impresionante de ingresos. Este sacrificio fiscal se agranda por la pobre calidad de una parte del gasto público. Y si las autoridades entienden que resuelven el problema con mejorar la eficiencia en la recaudación, están admitiendo una de las graves debilidades del aparato fiscal.
Y más que por todo lo anterior, la necesidad de hacer una reforma fiscal más temprano que tarde la impone el carácter de las obligaciones tributarias, basadas en impuestos regresivos que tocan solo de manera tangencial renglones como las grandes fortunas. Agreguemos la informalidad de una gran parte de la economía y tendremos más razones para justificar la reforma y deshacer las ataduras con el pacto eléctrico.

Salpicaduras  de crisis moral

Pocas veces un llamado a quienes se inician en una profesión ha sido tan oportuno y justificado como el que hizo la presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, a 195 nuevos abogados juramentados en el más alto tribunal. Los invitó a rescatar el prestigio perdido en el ejercicio de la abogacía, en parte porque mientras unos entienden el éxito como la ganancia de abundante dinero, otros lo ven a través del sentido de la honestidad de su comportamiento.
Desde luego, en el desprestigio del derecho, como de otras profesiones y actividades, influyen mucho factores sociales como la falta de un régimen de consecuencias aplicable en todos los órdenes, incluyendo el ejercicio profesional del derecho desde cualquiera de las posiciones habidas y por haber. La crisis moral lo permea todo.


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