El Senado estudia un proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control, orientado a establecer límites al ejercicio del poder en el Estado.

La propuesta legislativa fue sometida por el senador Julio César Valentín (PLD-Santiago).

Conducción forzosa. La cámara o la Comisión Congresual podrá solicitar al Juzgado de Instrucción la conducción por la fuerza pública de un funcionario citado cuando  no comparezca el día y hora indicados o se resista a exhibir o  entregar documentos en  su poder que les sean requeridos, dispone el artículo 46 del proyecto.

Entre los funcionarios que deberán obedecer  esos requerimientos del Congreso figuran los ministros, viceministros, el gobernador del Banco Central y los directores o administradores de los organismos del Estado.

Destitución.  Cuando un funcionario público no obtempere a la citación sin causa justificada, se ausente o responda de manera insatisfactoria a las preguntas que se le haga en el curso de la misma, será objeto de un voto de censura, mediante el cual se recomendará al Presidente de la República o a su superior jerárquico correspondiente su destitución del cargo.

 Desacato.  La legislación dispone que el funcionario sea sancionado por desacato con una pena de tres a seis meses de prisión y/o una multa de entre 20 y 100 salarios mínimos, según  la gravedad de la violación.

Perjurio.  Cuando un funcionario público o un particular cometa perjurio en el marco de las interpelaciones o invitaciones ante el Congreso, será sancionado con la pena de tres meses a un año.

 Objeto. Esta  ley tiene por objeto la regulación de los procedimientos de control político y los mecanismos de fiscalización de la cuenta pública, conforme lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución, expresa el artículo uno del proyecto.

La propuesta crea el Centro de Análisis de las Finanzas Públicas del Congreso como órgano técnico bicameral no partidista para  apoyar  el estudio y análisis de las finanzas públicas .