El choque entre un camión y un autobús lleno de pasajeros en la carretera Santo Domingo-Samaná, que causó la muerte de al menos 13 personas y heridas a otras 18, es el resultado de la confluencia de varios factores, entre los cuales tienen preponderancia las características físicas de la vía y las frecuentes imprudencias entre conductores. La colisión se ha debido a que uno de ellos invadió la vía del otro, en una carretera que se caracteriza por su estrechez y abundantes curvas muy cerradas y pendientes.

Por la frecuencia de accidentes, los sindicatos de choferes han bautizado esa vía como la autopista de la muerte, aunque son los actos de temeridad de los conductores lo que, mayormente, determinan la ocurrencia frecuente de colisiones y vuelcos. Hay quienes entienden que la carretera Santo Domingo-Samaná debió tener vías separadas de direcciones opuestas, para evitar colisiones con saldos tan lamentable como la que ahora ocupa nuestra atención.

Aunque la vía tiene buena señalización, su estrechez y número de pendientes y curvas obliga a los conductores a aportar cuotas de prudencia en el manejo que muchos pasan por alto hasta que se producen tragedias como la que ahora enluta a numerosas familias, en su mayoría residentes en Las Terrenas. Quienes frecuentan esta carretera deben mirarse en este espejo y extremar precauciones, ser prudentes.

Un requisito sin consecuencias

La declaración jurada de bienes es un requisito que los funcionarios burlan a su antojo y por cuya violación no enfrentan ninguna consecuencia. Aunque esta norma ética tiene el objetivo de evitar manejo indecoroso de los bienes del Estado, su cumplimiento no tiene el carácter estricto que debería tener en un Gobierno que aspire a tener la transparencia como una de sus más preciadas cualidades.

Es una constante que funcionarios elegidos y nombrados evadan esta responsabilidad o pasen por alto los plazos estipulados para cumplirla. Sin embargo no se recuerda que alguno haya pagado las consecuencias por violentar lo que manda la ley. Los funcionarios llegan a los cargos y salen de ellos sin que nadie determine si sus posesiones se corresponden a actos lícitos o a manejos indecorosos de los bienes del Estado.