La propuesta Estrategia Nacional de Desarrollo visualiza a la República Dominicana transformada, al 2030, en un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades y poca pobreza.

Es una visión de país posible, en la medida en que ese desarrollo pueda estar basado en una estructura productiva generadora de empleo decente e insertada competitivamente en la economía global. Como sueño de sociedad, está bien. El problema es que alcanzar semejantes propiedades demanda realizar un nada fácil  viaje de transformación de muchas cosas. Entre ellas, desarrollar un sector eléctrico diferente al que tenemos. ¿Por qué distinto? ¿Distinto en qué?

Primero, veamos lo que tenemos. El sector energía en República Dominicana se caracteriza, en general, porque i) está dotado de un stock muy limitado de fuentes energéticas convencionales y alta dependencia de energía primaria importada, principalmente petróleo; y  un aporte muy modesto de las  hidroeléctricas (15.8%); ii) buena parte de las plantas que componen el parque de generación, (predominantemente térmico, poco diversificado y dependiente en más del 55% de derivados de petróleo) son unidades obsoletas y de baja complejidad técnica; a tal punto que sólo alrededor del 72% de la capacidad nominal instalada (2,963 MW) es capacidad efectiva; y una proporción aún menor (60%) de la capacidad nominal es la que está realmente disponible para generación; iii) altos precios de compra-venta de energía por parte de las distribuidoras a los generadores, dada la alta incidencia del fuel-oil y contratos de compra-venta deficientemente estructurados; iv) proliferación de la auto producción en todos los sectores de consumo, como forma de compensar el racionamiento en el suministro.

Además, v) el sistema de redes de distribución es precario, vulnerable e ineficiente, con serias dificultades para asegurar un suministro seguro (vinculado al diseño, construcción y mantenimiento de la red; también a la calidad de las líneas de distribución, transformadores y otras facilidades); consecuencia de lo anterior, vi) altas pérdidas técnicas en la transmisión y distribución de electricidad; esto, sumado a las ineficiencias de gestión de las empresas distribuidoras, arroja un valor agregado de la distribución (VAD) y transmisión (VAT) entre los más altos del mundo y con excesiva incidencia en el costo del suministro del servicio; vii) alto nivel de pérdidas no técnicas, explicadas por errores de gestión (lectura, medición, facturación y cobro), conexiones ilegales y trampas al medidor practicadas por los usuarios; a lo que se suma, viii) el predominio de una política tarifaria que transfiere al subsector distribución y al gobierno todo riesgo asociado al costo de los combustibles en el mercado internacional.

Consecuencia de todo lo anterior, ix) desequilibrio financiero de las empresas distribuidoras y dependencia endémica de las transferencias públicas para el sostenimiento financiero del sector.   Con un escenario así, costoso, vulnerable y un sector deficientemente gestionado, es prácticamente imposible garantizar un suministro de electricidad confiable, a precio competitivo. No es, por tanto, un panorama favorable al desarrollo de la visión de país postulado en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.

Lograr un país mejor requiere un sector distinto en que las cosas sean y funcionen de manera diferente. Se requiere i) un parque de generación diversificado y eficiente;  ii) una dotación de infraestructura de red (transmisión, subestaciones, distribución, transformadores, acometidas, medidores) adaptada y eficiente, que minimice las pérdidas técnicas; iii) unas empresas de distribución livianas y eficaces, capaces de desarrollar una gestión del suministro de manera confiable y segura; iv) una ciudadanía responsable, satisfecha con el servicio suministrado y con voluntad de pagar cada Kwh que consume, no al precio que sea, pero sí que cubra los costos de un suministro eficiente del servicio; y v)  una gobernanza robusta, basada en una institucionalidad (regulación, instituciones) transparente y confiable, que inspire seguridad en los actores (empresarios y consumidores), y que propicia un clima favorable a la inversión.

Hacia un sector así apunta el objetivo estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo  2010-2030. Y hacia allá, convergen las líneas de acción estratégicas y los resultados esperados. Obviamente, esta visión es la negación de casi todo lo que se tiene actualmente. A corto plazo, es crucial establecer un ambiente de negocio que propicie el desarrollo de nuevos proyectos de generación, cuestión de que se hayan instalado en el medio plazo (2016) los más de 2,200 MW de capacidad necesarios para que la oferta pueda satisfacer la demanda con holgura.

Es crucial, desde la perspectiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que el sector privado pueda desarrollar esas capacidades, lo que depende de que se reciban señales inequívocas de que el sector es viable y financieramente sostenible; por tanto: i) que haya resuelto el problema del robo de electricidad, estimado por algunos en un 23% de la energía suministrada; ii) que se haya reducido sustancialmente el suministro de electricidad gratis o altamente subsidiada; por consiguiente, iii) que las tarifas sean económicamente más razonables y flexibles, cuestión de minimizar los estrés financieros causados por la subida de los precios de la energía primaria importada); y iv) que se haya elevado, desde 62% hasta alrededor del 85% el índice de recuperación del efectivo (CRI), indicador clave de la sostenibilidad financiera; por consiguiente, v) que hayan disminuido hasta un mínimo las pérdidas totales, que en la actualidad ronda el 38%.

No es fácil; pero si otros países (en la región y en otras latitudes) con problemas similares en su sector eléctrico (desinversión, altas pérdidas, robo…) y en condiciones menos propicias han hecho el esfuerzo y lo han logrado, nosotros ¿por qué no? Corea, por ejemplo. A principios de los 60s era un país devastado por la guerra y desvalido por la pobreza y la falta de desarrollo; con un sector eléctrico con altas pérdidas (alrededor del 30%), muy desinvertido, frecuentes y prolongados apagones, cobertura insuficiente,  deficiente calidad del servicio y tarifa cara.

En consistencia con un sentido de propósito y visión de país, buscaron y lograron desarrollar un sector eléctrico robusto: con una mezcla  de generación adecuada y diversificada, capaz de satisfacer con eficiencia la  creciente demanda de energía para el desarrollo; desde los 60s hasta acá multiplicaron por 168 veces la capacidad instalada, situaron por debajo de 4% las pérdidas totales en transmisión y distribución, superando en desempeño a Taiwán, Japón, Francia, USA y Reino Unido; han optimizado la calidad del servicio: hasta menos de 17 minutos de apagones por año, y voltaje y frecuencia en línea optimizados conforme a las normas y mejores prácticas internacionales; tarifa entre las más bajas del mundo: en las últimas dos décadas la tarifa aumentó sólo 18%, pues  gracias a mejoras de eficiencia y desarrollo tecnológico, la empresa KEPCO logró absorber las presiones de incremento de tarifa y otros éxitos. 

La perspectiva de la Estrategia Nacional  de Desarrollo 2010-203  es  dar los pasos necesarios desde ya y avanzar, cuestión de que en el mediano plazo (2016) los apagones que por más de una generación han sido el tormento nuestro de cada día, sean historia; el parque de generación cuente con capacidad efectiva suficiente y eficiente; las transacciones de compra-venta de energía sean a precio justo, garantizando la rentabilidad de las inversiones pero sin producir lucro extraordinario a los inversionistas; redes de transmisión y distribución adaptadas, empresas de distribución eficientes y una cartera de clientes honorables y satisfechos que honran con su pago los cargos de la electricidad que consumen. En suma, un sector eléctrico que, en mayor medida, recupera vía tarifa, los costos del suministro y que depende sólo marginalmente de las transferencias financieras del fisco.

Algunos pasos, por fortuna, se van dando ya; pero la sociedad, escéptica   espera o desespera por resultados más visibles. Criterios y prácticas de mejor gerencia ganan terreno en el manejo del sector; se invierte en la adaptación de las redes de transmisión y distribución, lo que reducirá las pérdidas técnicas y, eventualmente, el VAD y VAT, y por consiguiente, el costo de suministro del servicio; siguen mejorando la facturación, los índices de cobranza y el CRI, incluso a tasas superiores a las propias de países con buenas prácticas en estos términos en la región América Latina y el Caribe. Con el desmantelamiento del PRA va acabando el  subsidio geográfico generalizado y se abre paso a la formalización de usuarios no-pobres como clientes del sistema, así como a la focalización del subsidio eléctrico a las familias carenciadas (los clientes formalizados pasarán de 1,350 en marzo a alrededor de 2 millones al cierre de este año). También está en firme el compromiso de política para establecer el nuevo esquema tarifario y la adopción  de una tarifa técnica que refleje de manera razonable los costos eficientes del suministro, y se fortalecen los mecanismos para un combate más efectivo al hurto de la energía. Sin embargo, todavía estos son pasos modestos, de salida hacia la gran transformación que requiere el sector.

La cifra

2.0 millones.  Es la cantidad de clientes del servicio eléctrico que se espera estén formalizados al finalizar el año. En marzo habían  formalizado el servicio  1,350 no pobres como clientes del sistema,  con el desmantelamiento del PRA.

Zoom

En recuperación

En suma, un sector eléctrico que, en mayor medida, recupera vía tarifa, los costos del suministro y que depende sólo marginalmente de las transferencias financieras del fisco. Algunos pasos, por fortuna, se van dando ya; pero la sociedad, escéptica   espera o desespera por resultados más visibles. Criterios y prácticas de mejor gerencia ganan terreno en el manejo del sector; se invierte en la adaptación de las redes de transmisión y distribución, lo que reducirá las pérdidas técnicas y, eventualmente, el VAD y VAT, y por consiguiente, el costo de suministro del servicio; siguen mejorando la facturación, los índices de cobranza y el CRI, incluso a tasas superiores a las propias de países con buenas prácticas en estos términos en la región América Latina y El Caribe. Con el desmantelamiento del PRA va acabando el  subsidio geográfico generalizado.

Director Planificación Económica y Social, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.