La máxima corte venezolana tenía previsto este miércoles decidir si abre un juicio y autoriza la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, símbolo de la disidencia chavista que enfrenta al presidente Nicolás Maduro, aunque el veredicto podría dilatarse. El plazo de cinco días que se fijó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pronunciarse se cumplió este miércoles, pero el Código Orgánico Procesal Penal da un lapso de 30 días para decidir en este tipo de casos, recordó a la AFP el penalista Jesús Ollarves.
«Pueden estar tomándole el pulso a la situación política antes de decidir», estimó el experto. Ortega se rebeló contra el gobierno justo al inicio de protestas opositoras que dejan 95 muertos desde el 1 de abril y exigen la salida de Maduro. La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de «mentir» al afirmar que no avaló la designación, según ella «amañada», de 33 magistrados del TSJ por el anterior Parlamento chavista, en 2015.
«En poco tiempo, hoy, mañana o cuando sea, van a declarar que el juicio procede», comentó a la AFP el politólogo Luis Salamanca. El constitucionalista José Ignacio Hernández no descarta que el TSJ -acusado de servir al gobierno- postergue la decisión porque ordenó una prueba grafológica para determinar la autenticidad de una firma con la que, según Carreño, la fiscal avalaría en un acta el nombramiento de los jueces. «Es un proceso absolutamente viciado, una marramucia (suciedad)», declaró Henrique Capriles, que al igual que la mayoría de opositores apoya a Ortega. La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, dominado por la oposición desde 2016. El periodo de Ortega vence en 2021. «No he cometido ningún delito. Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos», insistió Ortega en una entrevista radial.