La región Sur tiene miles de razones para marchar contra la corrupción y la impunidad debido a la baja inversión social que ha tenido y la malversación de fondos destinados a obras de desarrollo.
Los organizadores de la Marcha Verde destacaron que debido al abandono de todos los gobiernos, la región del Sur es la que tiene las provincias más pobres.
Así lo consideran Yasel Marrero, Inabel Ramírez, Jocelin Melo y John Rossó, organizadores de la Marcha Verde del domingo 21, quienes mantienen altas expectativas de una gran participación.
El punto de partida es la escuela de la Bombita, a las 10:00 de la mañana. Desde ahí marcharán dos kilómetros hasta el Parque Enriquillo donde habrá una concentración.
Los organizadores esperan más de 100 autobuses que saldrá desde 40 comunidades de las provincias de Azua, Barahona, San Juan, Elías Piña, Pedernales, y Baoruco
«La gente está esperando para marchar por todo lo conculcado por la corrupción», expresó Melo.
Evidencias. Los activistas citaron varios casos en los que entienden son motivos para protestar contra la corrupción y la impunidad.
Uno de estos es el caso del hospital regional de Azua, que fue donado por Taiwán y no cuenta con materiales gastables ni equipos, mientras los recursos del gobierno se dispersan.
También el hecho de que viviendas de dos proyectos habitacionales para damnificados de inundaciones del río Vía y en la comunidad Rosario fueran entregados a legisladores, funcionarios del gobierno central, del cabildo y hasta a un cura.
Melo indicó que acudieron a la justicia para que los apartamentos fueran entregados a los damnificados y tuvieron un fallo a su favor, pero el gobierno no acató la decisión judicial.
Otra evidencia de la corrupción es la entrega de los espacios en el mercado de Azua a gente del gobierno, sin embargo, los verdaderos mercaderes quedaron fuera del proyecto, por lo cual no está funcionando.
Agregaron que en esa provincia funcionarios locales han boicoteado la instalación de un recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) porque tienen acciones en centros de educación privados.

Otra muestra presentada es el proyecto agrícola Azua II que sería construido con el cuestionado préstamo de la Sun Land por US$130 millones, el cual fue administrado por la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Los activistas también resaltaron la falta de acueducto en Azua, de un sistema cloacal, la terminación de la presa regional de Monte Grande, así como la falta de inversión en proyectos de desarrollo y que generen empleos.
«Todos esos casos son motivos para protestar”, expresó Ramírez, a lo que Melo agregó “el pueblo está indignado”.