Amarilis Castro 
La organización de la sociedad civil TECHO, conjuntamente con el colectivo Casa Ya, está consensuando una nueva ley de vivienda, ya que la actual data de 1962, también plantea la creación de un fondo para soluciones habitacionales equivalente al 1% por del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente sólo se destina al sector vivienda el 0.03% del PIB.
Dirigentes de esas organizaciones destacaron la necesidad de estructurar en el país un marco legal que garantice se cumpla el artículo 59 de la Constitución, el cual establece: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales”, y está contemplado en varios acuerdos internacionales que ha firmado el país.
Al participar en el Encuentro Económico de HOY, los miembros de Techo República Dominicana, Alexander Cano, director de Finanzas; Moisés Amín, líder Comunitario en el Progreso II, Los Alcarrizos; Luis Bonilla, director de Relaciones Internacionales de TECHO Internacional; Rafael Jovine, miembro de Oxfam y colaborador de Techo en materia de incidencia; Cristal González, directora de comunicaciones, y Arián Vásquez, gerente General de TECHO RD, expresaron que el Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social.
Dijeron que dentro de la estructura legal debe establecerse claro un plan decenal de seguimiento, que cree un fondo nacional de vivienda que se nutra como mínimo del 1% del PIB cada año y que se programe cada tipo de intervención, ya sea del Estado directamente, como contratista o iniciativas que se desarrollen en la propia comunidad.
Además, que sea una sola institución la que dirija las políticas de vivienda, tras asegurar que existe una dispersión y duplicidad de entidades para el sector vivienda, de las cuales algunas de ellas solo gastan su presupuesto en nómina.
También determinar el cómo dar acceso a la vivienda, tomando en cuenta que debe crearse un mecanismo que no tome en cuenta tanto el poder adquisitivo de la gente, que es lo que ocurre en país.
Para eso piden priorizar el ingreso de cada persona, tomando en cuenta que en el país hay mucha gente en condición de indigencia que no puede pagar una vivienda. Para lograrlo proponen dos modelos: uso y goce, y alquiler social, los cuales ya han sido implementado en otros países con éxito.
Otro modelo es el de acceso a la propiedad, pero en este caso se requiere de un fuerte sistema de fiscalización para determinar quién puede pagar y quien no.
Catastro. República Dominicana carece de un registro de catastro, a pesar de lo fundamental que es para un país, ya que ahí estaría registrado el número de viviendas, metros cuadrados construidos, propietarios y valoración de esas infraestructuras.
Dijeron que hace más de cinco años se determinó tomar un préstamo para reformar la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN), sin embargo, todavía se está a la espera.
