El aumento de la edad de retiro y la disminución de comisiones no resuelve el problema de las bajas pensiones, afirman los técnicos Matías Bosch y Airon Fernández, quienes ponen de referencia que esa medida aprobada en Chile no ha dado resultado y las tasas de reemplazo son bajas.
En cuanto al incremento del ahorro, afirman que no se corresponde con la realidad salarial del país, además los fondos de pensiones no se están invirtiendo en sectores productivos.
La Superintendencia de Pensiones (Sipen) planteó el aumento de 60 a 65 años la edad de retiro laboral y subir el ahorro de 9.97% del salario del trabajador a 14%.
Bosch y Fernández, de la Fundación Juan Bosch, consideran que se trata de una reforma de carácter “paramétrico”, manteniendo los principios del modelo chileno de una administración privatizada de los fondos, capitalización individual, y cero garantías legales de una tasa de reemplazo o un ingreso de protección social básico de acuerdo el costo de la vida.
Explican que en Chile, donde la edad de retiro es alta (67 años para mujeres y 68 para hombres) y las comisiones son bajas, sin embargo las pensiones “son miserables, con una tasa de reemplazo bajísima”.
“Si esto es así en un país donde el sistema es maduro (a casi 40 años de funcionamiento), con una economía más grande y mayor PIB per cápita, mejores salarios, más formalidad, más institucionalidad y regulaciones, no se puede esperar absolutamente nada diferente en el caso dominicano”, expresan.
Destacan que solo hay que ver la tasa de reemplazo dominicana (22.8%) proyectada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la peor de América Latina y la de Chile (41%) mucho más baja que países similares e incluso que otros con economías más pequeñas.
Comisión. En cuanto a la disminución de la comisión anual que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de un 25% a un 15%, “disminuiría el grado de despojo parasitario que estas empresas financieras cometen, pero apenas atenúa el problema de fondo”.
Aportes. En relación a aumentar el aporte de los empleadores, señalan que sería terriblemente injusto hacerlo bajo el modelo actual en el cual las AFP invierten y ganan poniendo el dinero de los dominicanos en deuda pública (76%) y en préstamos bancarios (15%) y sólo seis empresas participan del pastel y sólo un 4% de toda la inversión se coloca en ellas. “¿Con qué derecho pedir a los empleadores, en un 97% micro, pequeños y medianos empresarios, aportar más dinero a esta piñata financiera que no aporta nada a la inversión, la producción, el empleo y el desarrollo?”.
Expresan que en un país con altos niveles de pobreza y de bajos salarios es injustificable la transferencia de recursos de los trabajadores y empleadores al sector financiero mediante un lucro sin esfuerzos productivo.