Para las telefónicas en nuestro país, no hay, hasta el día de hoy, una sanción ejemplar que reafirme el derecho de los usuarios a ser defendidos por instituciones que no devuelven mínimamente en servicios o reivindicaciones para la ciudadanía la parte del presupuesto nacional que se gasta en ellas. Indotel (Instituto Nacional de las Telecomunicaciones)), Oficina de Defensa al Consumidor y la Defensoría del Pueblo, entre otras, son indiferentes a las estafas colectivas que cometen las compañías de teléfonos y cables. Con las cuentas del internet móvil, data, el llamado roaming, los mega y “yiga” etcétera, se ha desatado una guerra entre telefónicas donde mutuamente se mercadean a través de los “errores y deficiencias” de una u otra y, cuando el usuario comete el error de cambiar su línea o servicio, se ve envuelto en el clásico “salir de Guatemala para entrar en Guatepeor” y se encuentra, como en uno de mis numerosos casos, con una representante de la compañía que tuvo el descaro de decirme que me coloque al lado de cualquier ventana de mi casa para ver si mejora la señal de mi equipo, porque ella hace eso en su domicilio cuando no puede hablar. Los insultos contra las telefónicas se multiplican cuando los usuarios no podemos comunicarnos porque “la red está ocupada”, “el servicio no está disponible”, “solo llamadas de emergencia” y los repetidos ¿no me oyes?, “no te oigo”, “¡esta señal es una porquería!” y en ocasiones con reales urgencias y sin poder conectarnos. No me pregunten los nombres; todas son iguales y lo trágico es que, cuando preguntas dónde están nuestros defensores, la respuesta es “¡muy bien, gracias!”.