El pacto suscrito esta semana por los presidentes de los dos partidos mayoritarios, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, con la bendición del cardenal Nicolás  de Jesús López Rodríguez, constituye un parche mal pegado aunque en lo inmediato conjura la crisis en la Junta Central Electoral (JCE).

Mientras las decisiones sobre la boleta electoral procuran compensar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, quien, al igual que monseñor Agripino Núñez Collado, se vio forzado a aceptar la permanencia de Franklin Frías en el Centro de Cómputos de la JCE.

El triunfo de Rosario.   Si hubo un triunfador en el acuerdo que conjuró la crisis del Centro de Cómputos de la JCE fue el presidente del organismo, Roberto Rosario, cuya propuesta de  crear una “Gerencia de Informática” prevaleció con ligeras variantes frente al amplio reclamo para sacar al ingeniero  Franklin Frías de la dirección de esa fundamental unidad procesadora  de los resultados electorales.

El presidente de la JCE consolida su posición con la decisión del pleno del organismo de mantener la tradición de colocar en la primera casilla de la boleta electoral al partido que más votos obtuvo en la elección anterior, que esa vez fue el PRD, y al atender parcialmente la oposición de éste a que se incluyera en la misma las fotografías de los candidatos vicepresidenciales como reclamaba el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Empero, la resolución fue salomónica al indicar que las fotos se incluirán en caso de que sea precisa una segunda votación para la elección presidencial de este año.  El partido oficialista reclamaba la inclusión, sin precedente en el país, al privilegiar la promoción de su candidata vicepresidencial, la primera dama Margarita Cedeño, a quien las encuestas señalan como más popular que su candidato presidencial Danilo Medina.

Rosario propuso en octubre una “Gerencia de Informática Electoral” como solución a la crisis surgida el mes anterior con la dimisión del licenciado Miguel Angel García al cargo de gerente general del Centro de Cómputos al que había llegado diez años antes justamente cuando el PLD objetó a Frías, quien había sido designado por una Junta Electoral fruto de la entonces mayoría senatorial perredeísta.

La sociedad civil y monseñor Núñez Collado respaldaron la objeción peledeísta y el presidente Hipólito Mejía y su partido acogieron la objeción, lo que no ocurrió ahora. García dimitió cuando Frías se autoproclamó en una circular como el jefe del departamento con obvio apoyo de Rosario. El polémico funcionario fue luego ratificado por la mayoría del pleno de la JCE.

La clave del Cardenal.  Tanto Hipólito Mejía como monseñor Agripino Núñez Collado quedaron mal parados sin otra opción que aceptar el acuerdo, lo que ambos se apresuraron a hacer públicamente, aunque el primero no ha ocultado su disgusto, y el segundo lo ha rumiado entre sus allegados. La clave la puso el cardenal López Rodríguez, quien sustituyó al rector de la Universidad Católica Madre y Maestra en la mediación cuando este intentaba  ser coherente con la solución de hace una década. Lo dijo públicamente en noviembre, lo que le ganó un reproche público del secretario general del PLD.  

Cuando el presidente del PRD pactaba ese acuerdo, con la bendición del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Núñez Collado quedaba sin alternativa.

Mejía no estaba sujeto a la obediencia, pero su rechazo generaría un enorme ruido, alentando el conflicto interno de su partido y con el riesgo de aparecer “enfrentado a la Iglesia”, dado el historial del purpurado que nunca ha evadido pleitos con líderes como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jorge Blanco o Jacobo Majluta.   

El error de Mejía fue haber sido víctima de su impulsividad, cuando tres días antes de la firma del acuerdo reiteró que Frías tenía que irse, como lo hizo también su delegado ante la Junta Central Electoral, Salvador Ramos.  Ambos después que los términos del acuerdo habían sido publicados en el periódico digital 7Días.com y comentados en otros medios.

La ocurrencia de la semana mostró a un presidente Fernández en toda su capacidad de arreglos para fortalecer su posición y la de su partido, con el favor del Cardenal y del propio presidente del PRD.

También exhibiendo un poder inflexible, a diferencia de Hipólito Mejía hace diez años, si se asume que ahora como en el anterior conflicto, la presencia de Franklin Frías al frente del Centro de Cómputos de la  JCE no era fundamental, imprescindible o cuestión de principio institucional. 

Lo peor para el PRD.   Para el PRD y sus perspectivas, el balance no puede ser más devastador. Echaron un pleito durante cinco meses para al final ser vencidos por su propio presidente, quien parece ratificar la generalizada convicción de que se ha constituido en un Caballo de Troya.

Se atribuye a Reinaldo Pared Pérez haberle dado crédito por la forma en que condujo las “negociaciones del PRD institucional”. 

Intimos de Miguel Vargas Maldonado y algunos de los pocos que aún lo siguen, no tienen ningún rubor en proclamar que prefieren la victoria del PLD, incapaces de aceptar los resultados de la elección primaria de lo que en tres semana se cumplirá un año. Varios de los que constituyeron su “estado mayor” en la precampaña juran que está cerrado absolutamente y rehúye contacto con ellos.

Aseguran que ha evadido hasta el expresidente panameño Martín Torrijos, quien a mediados del año pasado medió públicamente para que superaran los resentimientos dejados por la elección del candidato presidencial.  

Pero fue resaltante que Vargas Maldonado haya sostenido “varias conversaciones” con el presidente Fernández, como dice el primer párrafo del acuerdo, pero que ignorara por completo al candidato presidencial de su partido, con la agravante de que no le importa lo que piensen los demás.

Al principio se creía que reaccionaría a la consideración de que la derrota del PRD cavaría su tumba política, pero allegados entienden que sería lo mismo con una victoria de Hipólito Mejía. Si como quiera se pierde su capital político, él por lo menos estaría determinado a recuperar el capital económico que invirtió en la frustrada campaña por la candidatura.  

Fuera del PRD no se entiende la inoperancia de sus órganos institucionales ni la indiferencia con que el liderazgo perredeísta sigue los acontecimientos.

Mejía evade el enfrentamiento definitivo, por los costos de imagen y la distracción que conllevaría para su campaña. Prevalece la decisión de “dejar a Miguel tranquilo” con la esperanza de que los electores, sobre todo los independientes, entiendan el conflicto.

Pero nadie se atreve a asegurar que el nuevo acuerdo de Vargas Maldonado con el presidente Fernández sea su última jugada, aunque le haga tanto daño político como el “Pacto para las reformas constitucionales” del 2009. Y no faltan quienes advierten que podría haber otras aún peores, antes, durante o después de la votación del 20 de mayo. 

Persistirá la desconfianza

El acuerdo de esta semana introdujo dos variantes a la propuesta original de Roberto Rosario, presentada a los partidos el 25 de octubre, antes de que fuera conocida por el pleno de la JCE, que debía estar integrada por el director Frías y dos subdirectores que propondrían el PLD y el PRD.

Ahora se incluyó un cuarto miembro que de inmediato propuso el cardenal López Rodríguez en la persona de su sobrino José Agustín López Nieto.

A la gerencia se le da ahora la categoría de “colegiada”. El segundo punto dice  que sus decisiones “serán acordadas a unanimidad” y en caso que no la hubiese, decidiría el presidente Rosario o como última instancia el pleno de la JCE, lo que también estaba en la propuesta original. Frías tendría ventaja en las ejecuciones por su experiencia en el Centro de Cómputos y su ascendencia sobre los técnicos.

El titular de la JCE vinculado al PRD Eddy Olivares objetó la gerencia cuatripartita, reiterando su firme rechazo a Frías. Sostuvo que “su sola presencia mantendrá ese neurálgico departamento sembrado de dudas y desconfianza”.  Él, como parte de la opinión pública, no entiende por qué el PLD no aceptó el consenso que creyó fundamental hace diez años.

La solución es poco institucional y de escasa legitimidad democrática, pues desconoció la posición de los candidatos presidenciales de oposición, incluyendo al del mismo PRD, que todavía el viernes 3, cuando ya había trascendido el acuerdo, reiteró que “Frías tiene que irse”.

También lo habían reclamado los candidatos Guillermo Moreno, Julián Serulle, Max Puig, Eduardo Estrella e Ismael Cruz, así como Hatuey de Camps y otros dirigentes políticos.

Aunque la generalidad de la opinión pública parece haber aceptado el acuerdo como salida a una crisis que se prolongó excesivamente, no faltan quienes resaltan sus debilidades, especialmente por su carácter de imposición con el sello de aliento mezquinamente interesado a las debilidades institucionales del PRD.

El sociólogo César Pérez ha sido de los más duros al definirlo como “un arreglo afrentoso, fruto de la politiquería, la bellaquería y la pusilanimidad de determinados sectores de los poderes fácticos y formales del país”.