No es por obsesión sino por preocupación que dedico estas entregas a un tema que debiera estar más presente en la agenda dominicana por las implicaciones que entraña en todos los aspectos de la vida nacional.
Coinciden estos artículos con el informe del Foro Económico Mundial que ubica a la República Dominicana en el puesto número 22 entre los países más corruptos del mundo, dato que debiera sacudirnos como nación.
Simultáneamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional señalan que el crecimiento económico del país a partir del 2003, no fue acompañado de avances similares en la reducción de la pobreza.
Estos graves señalamientos de organismos internacionales, fuera de toda sospecha de intenciones políticas, debieran poner en vilo a la nación y llevarnos a un proceso de profilaxis general del gobierno.
Nadie sensato aspira a una situación de intranquilidad social como viven Venezuela y Nicaragua, pero los amagos de huelgas, paros en el transporte y marchas pacíficas son indicios que deben servir de alerta a todos los dominicanos.
Alerta no para reprimir a un pueblo que observa impotente cómo sus riquezas se quedan en las manos de los sectores de poder que gozan de todos los privilegios, sino para empezar a tomar medidas a favor del pueblo.
El presidente Danilo Medina, economista de profesión, debe sentarse frente a su equipo económico y estudiar las medidas de emergencia que se deben adoptar antes de que la situación de presión social se salga de control.

Porque los motivos para las protestas sobran y el pueblo se cansó de tanta inequidad, privilegios, corrupción e impunidad de una clase política insaciable que sólo piensa en sus intereses.