En las discusiones de los distintos artículos de la reforma constitucional ha predominado el reforzamiento de sistemas de exclusión y marginación de los grupos más vulnerables y desconocimiento de nuestro contexto social y cultural.

Las decisiones toman como punto de partida los intereses de ciertos sectores de poder, jerarquías religiosas y sectores más conservadores, violentándose el carácter democrático y diverso de la sociedad dominicana. El poder legislativo se ha desvinculado por completo de su carácter territorial, primando las directrices político-partidarias y de los grupos de poder.

Un ejemplo es el artículo 30. Nuestros legisladores se debaten en su aprobación o no sin haber realizado consultas en su territorio con las comunidades que los eligen y deben representarlas.

Las implicaciones que tiene la aprobación del artículo 30 son incalculables y desfavorecen totalmente a la mujer, niña y adolescente, sobretodo de los sectores pobres.

Este artículo niega los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida y establece como sujeto de derecho al óvulo fecundado, negando su vínculo indispensable con la madre para garantizar su vida.

Los legisladores exponen a miles de mujeres al riesgo de morir y condenan a la vulnerabilidad a sus hijos.

Otra consecuencia es la prohibición de métodos anticonceptivos como el DIU y las pastillas anticonceptivas de emergencia considerados como abortivos, generando un incremento de embarazos en adolescentes.

Las decisiones de los legisladores deben basarse en el beneficio de la población a quienes representan y no en el miedo a las jerarquías religiosas, tomando en cuenta que el 80% está de acuerdo con el aborto terapéutico, según la Gallup.

El análisis del contexto social muestra que sacerdotes y religiosos no influyen en la vida cotidiana de la gente, menos aun en sus votos. Existe una clara separación entre su praxis religiosa y su simpatía política. En el voto predominan las redes de compadrazgo, favor, reciprocidad y clientelares, más que la influencia del sacerdote o religioso. Sacerdotes con mucha popularidad han intentado ser candidatos políticos y han fracasado; caso Padre Toño.

La aprobación del artículo 30 puede convertirse en un grave error político que le puede costar a los asambleístas sus aspiraciones electorales.

Además sería una condena a muerte a muchas mujeres que al llegar sangrando a un hospital por un aborto inducido (como ocurrió recientemente en Santo Domingo) no son atendidas por los médicos y mueren.

Las muertes de mujeres, niñas y adolescentes y el incremento de embarazos como consecuencia de esta aprobación tendrán como responsables a legisladores con nombres y apellidos que a la larga serán sancionados socialmente por la población.