El Tesorero Nacional, Alberto Perdomo Piña, calificó como uno de los pasos de avance más trascendentales dentro de la administración financiera la entrada en vigencia del Decreto 15-17 a partir del primero de abril del presente año que  tiene como objetivo mejorar la transparencia en las compras y contrataciones públicas y  asegurar  el pago a los proveedores.

Resaltó que la entrada en vigencia de la normativa fortalece la Política de pago de la Tesorería Nacional,  por ser ésta institución el último eslabón de la ejecución presupuestaria del Estado, encargada del desembolso de  los pagos.

Perdomo Piña se expresó en esos términos al participar en una rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez, en la que el gobierno anunció la entrada en vigencia del decreto mediante el cual elimina la discrecionalidad del gasto público.

En la misma participaron también el director de Presupuesto, Luis Reyes Santos, el Contralor General de la República, Daniel Omar Caamaño y la Yocasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas.

Dijo que la Tesorería Nacional será celosa con el fiel cumplimiento de las normativas establecidas, y que no ejecutará ningún pago que no  cumpla con los requisitos que exige el mismo.

Desde su implementación a la fecha han entrado 200 mil millones de pesos a la CUT

Destacó que desde  la llegada a la presidencia en el año 2012 del presidente Danilo Medina se vienen dando importantes pasos con el propósito de transparentar la administración pública, siendo uno de ellos la implementación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) que elimina la discrecionalidad del funcionario en el manejo de los fondos públicos.

Dijo que desde su entrada en vigenciahastael día de hoy han entrado 200 mil millones de pesos a la CUT. Igualmente se han registrado 258 instituciones y se han cerrado 3,529 cuentas de instituciones que recibían a discrecionalidad pago de un servicio, certificado o se hacían transferencias directas  a cuentas de diferentes instituciones descentralizadas y de la seguridad social.

Explicó que de la cifra citada 69 millones corresponde a recursos que estaban en cuentas bancarias de las instituciones que recibían pagos  por servicios o certificados y el restante eran transferencias que se hacían a cuentas de entidades descentralizadas y de la seguridad social. “Esas cuentas se encuentra ahora en unas sub cuentas virtuales que las instituciones  pueden girar a través del sistema.