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De acuerdo con una publicación de la revista The Economist, en un reporte de su Unidad de Inteligencia, República Dominicana se ve afectado por una deficiente gobernanza e instituciones débiles para combatir el comercio ilícito.
“El comercio ilícito en la República Dominicana se ha disparado en los últimos años, impulsado por la ubicación geográfica del país que actúa como puente entre América del Sur y los Estados Unidos, así como también por su porosa frontera con su vecino Haití”. De esta forma comienza un reporte hecho por la publicación financiera The Economist, publicado este año, que analiza la presencia de actividad comercial ilícita en el país.
De acuerdo con la publicación titulada “Índice del entorno global del comercio ilícito”, República Dominicana ocupa el lugar 71 de 84 naciones que figuran en el mencionado índice, el cual cuenta con varias categorías como el Entorno Aduanero (puesto No. 66), Oferta y Demanda (puesto 71), Políticas Gubernamentales (puesto 75), entre otras.
Los argumentos presentados apuntan a que los altos niveles de informalidad presentes en la economía, la corrupción en las fuerzas militares y de seguridad, las frecuentes reformas impositivas y la evasión fiscal son algunas de las razones detrás de esta calificación tan deficiente.
El reporte, que fue encargado por la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Alianza transnacional para combatir el comercio ilícito), también destaca aspectos positivos, al indicar que recientemente el Gobierno dominicano ha incrementado sus controles como parte de un esfuerzo más general para reducir el tamaño del sector informal. Solo en 2016, este sector representó 52.7% de la fuerza laboral dominicana, según datos hechos públicos por el Banco Central.
Otras de las medidas gubernamentales citadas positivamente fueron las modernizaciones de los procesos aduanales en puertos y aeropuertos, con especial atención al tráfico desde y hacia Haití, desde donde proviene la mayor cantidad de comercio ilícito; una revisión a la ley aduanera y una regulación especial para el contrabando y el comercio ilícito, que está actualmente en análisis.
“El Gobierno también ha reforzado la legislación, promulgando una ley anti lavado de dinero que apunta tanto al contrabando como a la evasión fiscal”, señala el reporte.
La conclusión hecha por The Economist apunta a que “una deficiente gobernanza e instituciones débiles” son las razones principales que han afectado el entorno general de las políticas en la República Dominicana, permitiendo que mercancía ilícita “ingrese al país sin problemas y transite a través de su territorio hacia otros destinos”.
Por el contrario, la publicación asegura que si en el futuro se tomaran más medidas para atacar la corrupción y fortalecer las instituciones estatales, “el entorno para el comercio ilícito en la República Dominicana se volvería menos favorable para los traficantes y comerciantes ilícitos”.
