Como un «emperador» o un «rey», pero no como un presidente de Estados Unidos elegido democráticamente.

Así calificó el Partido Republicano a Barack Obama el viernes, luego de que describiera en un discurso en horario estelar sus medidas unilaterales para evitar que hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados sean deportados del país y puedan acceder a un permiso de trabajo.

Fue una noticia recibida con esperanza por buena parte de la comunidad hispana, pero con rechazo abierto por los republicanos, que consideran que estas medidas exceden la autoridad que tiene el mandatario.

«No nos quedaremos inactivos mientras el presidente socava la ley en nuestro país y arriesga vidas», dijo John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes. «Escucharemos al pueblo estadounidense, trabajaremos con nuestros miembros y trabajaremos para proteger la Constitución de Estados Unidos».

Obama, por su parte, considera que está en todo su derecho de tomar las medidas ejecutivas y así lo reiteró en Las Vegas, Nevada, un lugar simbólico para él pues fue allá donde hizo pública en 2013 su hoja de ruta para reformar la legislación sobre migración.

«Hablé sobre lo que puedo hacer con base en las discusiones con todos los expertos legales, con la Oficina de Asesoría Legal, y no podemos hacer todo lo que queremos, pero ellos sí me dijeron lo que puedo hacer», explicó el mandatario.

No es el primero

Obama no es el primer presidente que utiliza sus poderes ejecutivos para hacer cambios políticos limitados cuando no puede lograr una modificación más permanente a través del Congreso.

Él mismo reconoció estos precedentes tanto el jueves en su discurso nocturno como el viernes desde Las Vegas, quizás para protegerse de las críticas que ya le estaban llegando como una avalancha.

«Las acciones que he tomado no sólo son legales, sino que además son el tipo de acciones que ha tomado cada presidente republicano y cada presidente demócrata durante el último medio siglo», explicó.

El Consejo para la Migración Estadounidense, una organización no gubernamental con sede en Washington, detalló en un informe de octubre de 2014 que cada presidente desde 1956 -cuando Dwight Eisenhower estaba en el poder- ha entregado beneficios migratorios temporales a uno o varios grupos.

La entidad encontró 39 ejemplos en ese periodo y enfatiza que «los presidentes tienen una amplia autoridad legal y un precedente histórico abundante que apoya su discreción para actuar en asuntos migratorios».

Y en un caso inusual, la Casa Blanca incluso reveló el memorando formal del Departamento de Justicia, con 33 páginas, que detalla todos los parámetros legales de la medida.

¿Se excedió Obama?

Los republicanos no están muy convencidos de que Obama en efecto tenga esa autoridad legal.

Parte del problema está en la magnitud de lo anunciado el jueves, que ha sido descrito como el mayor cambio migratorio en tres décadas.

La periodista Julie Hirschfeld Davis explicó en el diario The New York Times que los cambios tan extensos de Obama están generando serias preguntas legales y constitucionales.

«Algunos abogados críticos de Obama argumentan que al agrupar públicamente a un gran número de inmigrantes indocumentados que no están sujetos a las leyes estadounidenses y darles un estatus especial, el presidente se excedió en los límites de su discreción procesal», explica.

Otros analistas conservadores han dicho que la comparación entre Obama y algunos de sus predecesores republicanos carece de fundamento.

John Malcolm y Hans von Spakovsky escribieron un artículo en The Daily Caller en el que explican que George HW Bush y Ronald Reagan hicieron «correcciones administrativas» mientras Obama actúa «en contra de la voluntad del Congreso».

«En resumen, mientras Reagan y Bush trabajaron de cerca con el Congreso para implementar la legislación completa que el Congreso había aprobado (en el caso de Reagan) o aprobaría poco después (en el caso de Bush), Obama está evitando al Congreso totalmente».

Los dos autores agregan que el presidente está «cambiando leyes existentes de manera inconstitucional y, sin aprobación del Congreso, imponiendo nuevas que han sido rechazadas explícitamente por el Congreso una y otra vez».

Por razones como estas, los republicanos han prometido que combatirán las medidas del presidente para tratar de que no lleguen a buen puerto.

No está claro todavía qué decisiones tomarán, pero lo que sí parece seguro es que se avecina una fuerte batalla partidista.

Como prometió Boehner este viernes, su partido «estará a la altura del desafío».