La corrupción, una de las muchas formas de abuso del poder, ha sido fuente y estímulo para la depravación de cortesanos, cortesanas, dignatarios de instituciones religiosas y de enriquecimiento ilícito de políticos y empresarios. En varios países, la generalizada indignación y rebelión contra ese cáncer social se ha convertido en una bandera de lucha política que obliga a inevitables definiciones frente a ese mal.

Hasta el momento, la corrupción ha sido consustancial en la generalidad de los regímenes políticos basados en la concentración del poder en un sólo partido o en dos partidos que se reparten el poder a través de un sistema electoral esencialmente antidemocrático y de una forma de representación también antidemocrática y altamente corrompida. Eso ha sucedido en diversas formas de dominación capitalistas y también en los llamados “socialismo real”.

La corrupción de los sistemas políticos no se basa únicamente en el saqueo a los bienes públicos, sino en el monopolio antidemocrático de la representación. Mientras más corrompido es un sistema político, mayor es el poder discrecional de las élites dirigentes para asignar recursos y puestos en la administración pública. Por eso, mientras más poder concentra un partido, sus facciones y/o jefes de éstas, más incompetentes y corruptos son la generalidad los congresistas, los alcaldes, regidores y directores de distritos municipales del país. No representan a sus comunidades, sino a sus facciones partidarias, sin importar color.

Por tanto, la lucha contra la corrupción debe orientarse en el sentido de la exigencia del castigo a los tantos funcionarios del pasado y presente gobierno acusados de diversos delitos contra la propiedad pública, en la articulación de todas las iniciativas de la pluralidad de actores que han dicho ¡no! al caradurismo de la mayoría de los jueces de las Altas Cortes y de otros tribunales y a la ambivalencia e indiferencia del presidente Medina frente al tema de la corrupción en general y frente a esos jueces, que por el poder que ostentan se han convertido en los principales defensores de los corruptos y del sistema por estos entronizado.

Pero también, esa lucha va dirigida contra esa nefasta forma de elección de los representantes a puestos públicos basada en la elaboración de listas de candidatos sin ninguna competencia ni solvencia ética. La única exigencia que a estos se les hace es fidelidad a la facción y más que ésta, al jefe/facción. La regeneración de la política en nuestro país, pasa necesariamente por la democratización de las formas de elección del presidente, de los alcaldes, regidores, de directores y delegados de los distritos municipales de los diputados y senadores, pues son estos últimos que eligen los miembros de los sistemas judicial y electoral, a través de los arreglos entre facciones

El sistema político dominicano debe ser sometido a una regeneración integral. Al tiempo de exigirse castigo ejemplar a figuras claves del pasado y del presente gobierno, que se investigue la fortuna de todos los políticos de todos los gobiernos y partidos, a todo aquel que aspire a un cargo electivo en las próximas elecciones debe exigírsele una posición de tolerancia cero contra las diversas formas de corrupción en este sistema político.