Debe ser motivo de escándalo y sanciones que 241,000 trabajadores y sus dependientes carezcan de atenciones médicas porque las instituciones públicas y privadas, a las que sirven, dan otro uso a la cuota que religiosamente les descuentan para esos fines.
Esa situación da una idea de cómo se manejan las instituciones en aspectos tan relevantes, sin que las entidades llamadas a supervisarlas cumplan con su deber de garantizar, en este caso, la Ley de Seguridad Social en beneficio de los trabajadores.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se refirió al tema admitiendo una deuda de 263,000 millones de pesos al Sistema de Seguridad Social lo que afecta negativamente a los miembros de la clase trabajadora, incluyendo 14,299, solo de los ayuntamientos.
En cualquier país del mundo, atentar contra la seguridad social de los trabajadores desviando los recursos que se les descuentan hacia otros renglones desconocidos, sería motivo de acciones penales contra los autores de ese desafuero.
Pero como aquí, los obreros y humildes servidores públicos y privados no tienen dolientes, no pasa nada y los responsables de esas anomalías siguen campantes en sus cargos como si nada hubiera pasado.
Para enmendar la falta, el tesorero de la Seguridad Social y el gobierno, buscan una solución a la situación en base a reducir la tasa de interés de un 80 por ciento a un 14 anual, renegociando así el enorme recargo por mora existente.
Mientras tanto los trabajadores y sus familiares, pasarán el periodo navideño, y quien sabe cuántos meses más, sin poder recibir los beneficios de la asistencia médica que pudieran requerir en estos tiempos en los que enfermarse representa un lujo.