En 2015, la opinión pública estadounidense se estremeció cuando el periódico The Guardian reveló que Richard Zuley, un ex interrogador de Guantánamo, acusado de tortura, tenía también una trayectoria de 30 años como oficial de policía en Chicago, donde se caracterizó por maltratar mediante torturas, amenazas y abuso a estadounidenses afrodescendientes, lo cual incluía engrilletar a los sospechosos a la pared durante horas, amenazar a los imputados con dañar a sus familiares y con la pena de muerte si no se avenían a confesar y colocar evidencia falsa. Por lo menos una de las confesiones obtenidas por Zuley fue declarada falsa por un tribunal, que anuló la sentencia condenatoria. El ex policía también fue acusado de utilizar métodos violentos en Guantánamo, donde tuvo a su cargo el interrogatorio de un preso que posteriormente reveló que había hecho una confesión falsa bajo tortura.
Lo que conmocionó en esa ocasión a muchos estadounidenses no fue, sin embargo, que se torturara en Guantánamo, lo que se conocía desde que inició la “guerra contra el terrorismo” tras el 11-S-2001, sino que se haya torturado en territorio estadounidense a ciudadanos estadounidenses y mucho antes de Guantánamo. Pero lo cierto es que la tortura –así como el uso de psicólogos en el mejoramiento de la eficacia de la tortura- no la aplicó por vez primera la Administración de Bush II, aunque sí ella estrena su normalización (Zizek) en el discurso del poder y su justificación “jurídica” por los asesores legales del gobierno. Como hace ya varios años revelaron Noemi Klein y otros investigadores, en la Escuela de las Américas fundada por el ejército de los Estados Unidos en 1946 en Panamá, se entrenó a militares y policías latinoamericanos en técnicas de “interrogatorio forzado” perfeccionadas en Corea y Vietnam, luego utilizadas en la represión a los opositores de los regímenes autoritarios latinoamericanos (1960-1990), y exportadas, a partir de 2001, a Guantánamo y Abu Ghraib. Estas técnicas incluían detenciones en la madrugada para aumentar la conmoción de los arrestados, trastorno inducido del sueño y la comida, encapuchar y vendar los ojos de los detenidos, desnudez forzada, privación y saturación de los sentidos, humillación sistemática, aplicación de temperaturas extremas, aislamiento prolongado y total, y posiciones forzadas permanentes. En el caso dominicano, aunque la tortura alcanzó su máximo perfeccionamiento en la Era de Trujillo, gracias al monstruoso Johnny Abbes, lo cierto es que el estadounidense Dan Mitrione, cuyo lema era “el dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa, para el efecto deseado”, ayudó a la policía, a principios del régimen de los 12 años de Balaguer, en el perfeccionamiento del uso de quemaduras de cigarrillos, agujas electrificadas clavadas en la piel bajo las uñas, shocks eléctricos en los genitales y el lento estrangulamiento de los opositores detenidos.
Pero no solo la tortura es tecnología totalitaria exportable. También las técnicas jurídicas totalitarias se exportan, prestan, trasplantan e injertan. Como bien explica James Q. Whitman, en Hitler’s American Model: The United States and the Making of Nazi Race Law, Estados Unidos era, a principios del siglo XX, un sistema político basado en la exclusión de los negros, implantada por las legislaturas blancas de los Estados y declarada constitucional por múltiples y constantes decisiones de los tribunales. Esto causó la admiración de un Hitler que, en su Mein Kampf, consideró a la gran nación de Norteamérica como el “único Estado” que avanzaba hacia la creación de un verdaderamente saludable orden político-jurídico racial. Explica Whitman, basándose en los trabajos preparatorios de la nueva legislación nazi, que las leyes anti semitas de Nuremberg fueron inspiradas en las leyes estadounidenses que limitaban los derechos de los negros. Fue en base al modelo jurídico estadounidense que los juristas alemanes confeccionaron la distinción entre los “nacionales alemanes”, con derechos limitados, y los “ciudadanos alemanes” (de “sangre alemana”), que gozaban de plenitud de derechos, al tiempo que criminalizaron el matrimonio y el sexo extra marital entre judíos y alemanes. Tan presente estuvo este modelo que, cuando fueron promulgadas estas leyes, los 45 juristas alemanes que trabajaron en ellas fueron premiados con un viaje de estudio a Estados Unidos.
Esta exportación jurídica no hubiese sido posible sin el caldo de cultivo ideal de una ideología occidental nada accidental en su racismo de bases pretendidamente científicas y que, tal como afirma Niall Ferguson, “los científicamente profanos lo abrazaban con tanto entusiasmo como la gente acepta hoy la teoría del calentamiento global artificial”. Este racismo explica que Jordi Pujol considerara en 1958 -y reafirmara en 1976- que el andaluz es “un hombre poco hecho” que “destruiría Cataluña” y que Salvador Allende, en su tesis de grado de 1934, tal como demuestra Víctor Farías, afirmara sin rubor alguno “que la raza es una causa de conductas delictivas constantes”, que los judíos “están genéticamente predeterminados a delitos como falsedad, la usura, la mentira” y que “los españoles y los italianos del sur son, por su permeabilidad al clima intenso, seres incapaces de conseguir un estatuto moral normal”. Como se puede ver, se trata de una peligrosa “medicina social”, como expresión concreta de la biopolítica (Foucault), que otro médico metido a político como el Che Guevara -en la senda de un Robespierre, que no por azar presidió el infame “Comité de Salud Pública” que aterrorizó la Francia revolucionaria-, empeñado en crear un “nuevo hombre”, llevaría, con sus fusilamientos en La Cabaña, a sus últimas consecuencias. Sin embargo, la crueldad del Che no nos debe conducir a concordar con Allende para quien, “aunque los revolucionarios son seres aparentemente normales, se trata, en realidad, de enfermos mentales muy peligrosos, que pueden inducir a los pueblos a revoluciones”, que el propio Allende califica de “delito colectivo”.