De los Encuentros con los Medios y Ciudadanos auspiciados recientemente por DICOM, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, llamó mi atención la relativa a la transparencia institucional, la cual estuvo a cargo de los principales funcionarios del sector recaudador que manejan directamente los fondos públicos, a saber: la Contraloría General, la Tesorería, la DGII y la Dirección de Compras y Contrataciones.
Sobre estas instituciones pilares de las recaudaciones descansa la responsabilidad de ejecutar los mecanismos de transparencia indispensables para cerrar las brechas a la corrupción política y administrativa de todo tipo, que ha hecho implosión en los distintos estamentos de la sociedad dominicana desde hace décadas.
De entrada, ninguna persona jurídica o física puede negociar bienes o servicios con el gobierno si previamente no ha sido registrado en Compras y Contrataciones, además de la obligación de estar al día en el pago de sus impuestos; tampoco cobrará si no paga impuestos.
El volumen de negocios con el Estado ha crecido enormemente en los últimos años, pues solo en el 2017 se registraron 64,683 contratos. Además, fueron revisadas y validadas 359,318 órdenes de pagos y se emitieron 26,656 Certificaciones de Cargos a solicitud de los ciudadanos.
El Contralor General, Daniel Omar Caamaño Santana, informó que en materia legal se emitieron 353 Certificaciones de No Objeción, que son los denominados permisos otorgados a funcionarios, empleados públicos y de instituciones autónomas que manejan fondos del Estado para que puedan viajar al exterior, previa autorización del Ministerio Administrativo de la Presidencia.
La contraloría notifica a los proveedores y contratistas del Estado sobre las devoluciones de sus expedientes, conforme a lo establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 10-07, que reglamenta el Sistema Nacional de Control Interno.
La transparencia institucional es una realidad.