Transparencia Internacional (capítulodominicano) considera que la solicitud de prórroga para concluir la investigación de Odebrecht pone de manifiesto la incapacidad del Ministerio Público para desentrañar los actos de sobornos admitidos por el consorcio brasilero, y desacredita el caso de corrupción mas importante y la labor de los fiscales.
En tanto, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, fijó para el martes a las 10: 00 de la mañana la audiencia para conocer la solicitud de prórroga. Lo hizo a petición de Andrés Bautista y Ángel Ronón, dos de los 14 encarta dos en el caso.
Cree es preocupante que los documentos recibidos de la justicia brasileña no presentan la lista de los sobornados que tantas veces se prometió, y que fue objeto y justificación del pacto de impunidad suscrito y homologado con Odebrecht, cuyo cumplimiento no ha exigido la Procuraduría.
Reconoce que la cooperación jurídica internacional es determinante para la reconstrucción material de los hechos, pero le recordó al MP que el tiempo es el peor enemigo de sus actuaciones, y que debe activar otras diligencias e incluir a “los reales responsables” que aún no han sido identificados.
“Es penosa la escasa «vocación» para desentrañar este escándalo, ya que la propia Procuraduría General ni siquiera se ha referido a la instancia que presentó el Centro Social Juan XXIII, Fundación Masada, Santiago Somos Todos y PC para investigar el destino de los US$$4.3 millones transferidos de Odebrecht en Perú a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao Santana y Mónica Moura, los asesores políticos del presidente Danilo Medina”, señala Transparencia a través del capítulo dominicano Participación Ciudadana.
Entiende que frente a la complejidad del caso, es razonable la necesidad de la prórroga ante la confesión del Ministerio Público de que aún no está listo para presentar acusación. Sin embargo, las actuaciones del procurador general se comparan con otras acciones procesales de otros países, donde ya cuentan con condenas incluso hasta de un vicepresidente.
La pasada semana la Procuraduría solicitó al Juez de la Instrucción cuatro meses del plazo para completar la investigación de los hechos “que se han tornado por las circunstancias que los rodean de difícil reconstrucción material”.
La entidad afirma que estas acciones fomentan las posiciones de aquellos que creen es trata de errores intencionales que buscan facilitar la impunidad.

Recuerda que entre 2007 y 2015, hubo transferencias por 81.2 millones de dólares realizadas por cinco empresas de Odebrecht a dos empresas del imputado Ángel Rondón, identificado por la propia constructora como su representante y repartidor de sobornos a funcionarios dominicanos, para contratación y ejecución de obras públicas por un valor de US$5,957.457.
Criticó que aún no hay un claro entendimiento sobre lo prometido y no cumplido por Odebrecht.

Descomposición. Para Transparencia Internacional las múltiples implicaciones del escándalo Odebrecht revelan el nivel de descomposición y corrupción del sistema partidista, el desbordado costo de la política y la inoperancia de los organismos de fiscalización y control, como el Congreso, la Cámara de Cuentas y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, con la complicidad de órganos judiciales y electorales secuestrados por el partido gobernante.