El comercio entre República Dominicana y Haití se ha contraído sensiblemente en los últimos cinco años, con una caída de 216 millones de dólares en exportaciones y 50% menos en importaciones, tendencia que debería ser motivo de lamentaciones a ambos lados de la frontera. Se trata de dos economías llamadas a hacer provecho de su cercanía para complementarse en los aspectos que corresponda a sus características. La reducción del intercambio, que tiende a agudizarse con proteccionismos arancelarios del vecino país, llega de la mano de un vacío de compromisos de reciprocidad con pactos pragmáticos entre Estados y de integración de este país con la comunidad de Antillas Menores a que pertenece Puerto Príncipe. Entre la zona de islas caribeñas, Haití y República Dominicana deberían generarse normas comunes de consumo y producción.
La factibilidad de alianzas está a la vista: la mano de obra de la vecina nación obtiene miles de oportunidad de empleo a través del desarrollo transfronterizo de negocios que lleva a cabo el grupo empresarial Capellán, de Santiago. Su producción en tejidos y confecciones trasciende límites geográficos. El enlace permite al capital dominicano beneficiarse del trato preferencial que reciben las exportaciones haitianas en Estados Unidos. Las políticas favorables a la interacción deben mostrar vigor en ambos países. Los imperativos de la globalización así lo demandan.

Una ilegalidad con reciclaje

Los aparatos en libre acceso que permiten despojar masivamente de monedas a menores de edad y otros incautos ansiosos de caer en gancho en distintos puntos del comercio no se agotan por más que los confiscan autoridades. El chorro importador que los pone a disposición de quienes les dan un uso ilegal garantiza la proliferación. Lo que por un lado el Estado permite, por otro lo reprime en un cuento de nunca acabar.

Si se trata de tragamonedas que solo pueden estar a disposición del público en recintos bajo licencia, como los casinos, debidamente registrados y ubicados y bajo controles fiscales, no se entiende que tales artefactos lleguen al país en cantidades ilimitadas, a menos que estén siendo introducidos por contrabandistas impenitentes o fabricantes librados, por lo que se ve, de investigaciones y persecuciones.